La creciente preocupación ciudadana por la situación del transporte público en la ciudad se intensifica ante la percepción de tarifas descontroladas e
La creciente preocupación ciudadana por la situación del transporte público en la ciudad se intensifica ante la percepción de tarifas descontroladas en el servicio de taxis y el incumplimiento de horarios en otras modalidades. A pesar de la existencia de una normativa municipal que establece una tarifa mínima para taxis en 3,5 bolivianos, esta disposición ha quedado obsoleta, con usuarios reportando que se les exige hasta 7 bolivianos por trayectos muy cortos, incluso dentro del centro histórico.
Esta situación ha generado una fuerte demanda hacia las autoridades municipales para que agilicen la implementación de la Ley de Transporte Seguro. Desde el ámbito legislativo local, se ha instado al ejecutivo municipal a reglamentar y poner en marcha esta normativa con urgencia, buscando evitar una mayor profundización de la problemática en el servicio de transporte individual.
La mencionada ley fue aprobada a finales del año anterior, previendo un plazo de cuatro meses para su reglamentación y ocho para su efectiva implementación. Sin embargo, transcurridos más de seis meses, aún no se han definido los mecanismos operativos necesarios para un control efectivo del servicio. Se ha señalado que la ejecución de esta normativa debería haber comenzado en septiembre. En este contexto, se ha anunciado la emisión de comunicaciones formales solicitando un informe detallado sobre los avances en la reglamentación y puesta en marcha de la ley.
El principal propósito de la Ley de Transporte Seguro es garantizar la seguridad de los usuarios y establecer estándares de calidad en el servicio. Entre sus disposiciones clave, se contempla que los vehículos cuenten con registro local y la implementación de un sistema de control digital, incluyendo una plataforma tecnológica para supervisar la operación del servicio. La necesidad de esta ley también se subraya por la proximidad de eventos de gran afluencia turística, como la Fiesta Grande, lo que hace imperativa la creación de condiciones adecuadas para los visitantes.
La inquietud por el desorden tarifario es compartida por diversas organizaciones ciudadanas, que semanas atrás ya habían advertido sobre una tarifa mínima de 5 bolivianos, cifra que ahora ha sido superada. Testimonios recientes, como el de una persona que abonó 7 bolivianos por un recorrido de pocas cuadras, han reavivado el debate público.
Paralelamente, se ha denunciado que los servicios de transporte público en microbuses y taxi trufis no respetan los horarios comprometidos. Particularmente, en horas de la noche y durante las tardes de los fines de semana, la ausencia de estas opciones de transporte obliga a los ciudadanos a recurrir a los taxis, quedando expuestos a las tarifas impuestas por los conductores ante la falta de alternativas
COMMENTS