El sistema de fotomultas, puesto en marcha por la empresa Smart Solutions, operaba sin la debida autorización de la Autoridad de Fiscalización de Tran
El sistema de fotomultas, puesto en marcha por la empresa Smart Solutions, operaba sin la debida autorización de la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT). Esta situación fue confirmada por el senador y dirigente del transporte, Luis Casso Vaca, quien señaló que la empresa no contaba con la licencia requerida para operar una red de estas características.
Según se ha verificado, la compañía estaba utilizando una infraestructura de red sin el permiso correspondiente de la entidad reguladora. Esta omisión genera interrogantes sobre cómo el gobierno municipal procedió a firmar un contrato con una empresa que carecía de las facultades legales para prestar dicho servicio.
Ante esta irregularidad, se espera que la ATT tome medidas para asegurar el cese inmediato de las operaciones del sistema de fotomultas. De no ser así, la empresa podría enfrentar acciones legales por haber puesto en funcionamiento una red sin la autorización necesaria. El dirigente del transporte enfatizó que cualquier sistema de esta índole debe contar obligatoriamente con la aprobación de la autoridad competente.
La falta de licencia por parte de Smart Solutions no solo expone a la empresa a posibles sanciones, sino que también plantea serias dudas sobre la actuación del municipio. La firma de un contrato bajo estas condiciones podría implicar una falta grave por parte de la administración local, al haber validado un acuerdo con una entidad no habilitada. Se ha solicitado una aclaración exhaustiva sobre los motivos que llevaron a esta contratación, y por qué, en caso de existir una licencia, esta no fue presentada ante las autoridades pertinentes.
Desde el sector del transporte, se ha mantenido una postura firme de rechazo a las fotomultas desde su inicio, argumentando que el contrato es inválido y no fue objeto de una socialización adecuada. Los transportistas insisten en la anulación del acuerdo, señalando que la implementación de un sistema de esta naturaleza solo debería considerarse una vez que se establezcan las condiciones óptimas, incluyendo una señalización vial clara, un sistema técnico adecuado y la realización de programas de educación vial. Se cuestiona, además, la ausencia de iniciativas municipales en materia de educación para la seguridad en las vías




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