La región de Tarija enfrenta una severa crisis hídrica, con diversas organizaciones campesinas y pueblos indígenas declarando un estado de emergencia.
La región de Tarija enfrenta una severa crisis hídrica, con diversas organizaciones campesinas y pueblos indígenas declarando un estado de emergencia. Esta situación crítica se debe a una prolongada sequía, exacerbada por la falta de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, que han reducido el caudal de ríos, reservorios y represas hasta en un 40%. La escasez amenaza directamente la seguridad hídrica, la producción agrícola y la ganadería en múltiples comunidades.
Durante los meses de agosto y septiembre, las temperaturas alcanzaron los 30 grados Celsius en el valle central y superaron los 40 grados en la región chaqueña, intensificando el déficit de agua. La drástica disminución de los niveles de agua en las cuencas pone en riesgo el riego agrícola y el abastecimiento para el ganado.
Municipios como Yunchará, El Puente, Padcaya, Entre Ríos, Bermejo, Cercado, Caraparí y Villa Montes se encuentran entre los más afectados, con atajados y reservorios en niveles críticos. Existe una preocupación palpable por la posible pérdida de miles de hectáreas de cultivos esenciales como papa, maíz, hortalizas y forraje, así como por el ganado bovino y caprino, si las lluvias no se presentan en las próximas semanas.
En varias comunidades, ya se experimentan dificultades para el abastecimiento de agua potable. Las altas temperaturas no solo comprometen la agricultura y la ganadería, sino también los sistemas de agua para consumo humano. Las familias de los pueblos Guaraní, Weenhayek y Tapiete, por ejemplo, no han podido iniciar la siembra de granos básicos como el maíz, debido a la ausencia de humedad en los suelos. La situación es tan crítica que en algunas comunidades el agua escasea incluso para el consumo humano, lo que ha llevado a un llamado urgente al Gobierno nacional para la activación de planes de contingencia.
Ante este panorama, el Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua ha implementado medidas de control en las principales represas del departamento. El objetivo es regular los ciclos de riego y asegurar el suministro de agua al menos hasta diciembre, priorizando el consumo humano y la campaña agrícola de verano.
Paralelamente, las organizaciones campesinas han solicitado a las autoridades nacionales y departamentales la provisión de cisternas móviles para transportar agua a las comunidades más remotas, así como recursos para la perforación de pozos profundos y asistencia técnica destinada a optimizar el uso de los sistemas de riego existentes.
Las proyecciones meteorológicas indican que la ausencia prolongada de lluvias podría extenderse hasta noviembre. Aunque se registró una intensa lluvia con granizo en algunas zonas, esta precipitación ha sido insuficiente. Su intensidad, además, provocó daños en los cultivos y su rápida escorrentía superficial impidió una adecuada penetración en el suelo.
La crisis hídrica se ve agravada por los incendios forestales y la deforestación. En el año 2024, más de 10 millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios en diversas regiones del país, con graves consecuencias para las cuencas acuíferas, la flora y la fauna. A pesar de la magnitud de estos daños, instituciones y familias campesinas denuncian la falta de propuestas efectivas por parte de las autoridades para enfrentar este y otros problemas ambientales, como la deforestación y la urbanización en zonas de reserva hídrica.
Bolivia cuenta con una vasta extensión de áreas protegidas, sumando 22 a nivel nacional (17 millones de hectáreas), 25 departamentales (5 millones) y 84 municipales (2.5 millones), lo que representa un 27% del territorio nacional. Sin embargo, la pérdida de bosques por incendios es un drama recurrente que ha visto cifras alarmantes: 2 millones de hectáreas quemadas en 2010, 5.3 millones en 2019, y una cifra que se duplicó en 2024. Expertos en medioambiente alertan que, de no controlarse las prácticas de chaqueo, el desastre podría alcanzar los 13 millones de hectáreas, profundizando la crisis ambiental y poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del país
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