La propuesta legislativa que planteaba la suspensión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la extensión de sus mandatos ha sido deses
La propuesta legislativa que planteaba la suspensión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la extensión de sus mandatos ha sido desestimada por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado. Actualmente, la iniciativa aguarda su archivo definitivo en el pleno de la Cámara Alta, un paso que se considera procedimental tras el rechazo en comisión.
Esta propuesta había generado una considerable inquietud en diversas instituciones estatales y había puesto en alerta a las misiones de observación electoral. La preocupación radicaba en que la medida podría interpretarse como un intento de socavar la autonomía del TSE y poner en riesgo la integridad del proceso electoral en curso.
Representantes legislativos explicaron que, si bien es habitual que los proyectos rechazados en comisión no avancen al pleno del Senado, este caso particular reviste una connotación distinta debido a su impacto político y las implicaciones que generó para el calendario electoral. Se anticipa que el informe de la comisión podría ser considerado en la agenda del pleno en las próximas semanas, aunque la Cámara Alta también está abordando otros asuntos de relevancia, como la legislación contra la quema de bosques y el diferimiento de créditos.
La Comisión de Constitución fundamentó su rechazo en la inconstitucionalidad de la propuesta, argumentando que el Órgano Legislativo carece de la facultad para suspender a los vocales electorales. Los miembros de la comisión enfatizaron la necesidad de adherirse estrictamente a los procedimientos legales y constitucionales, calificando la iniciativa como incompatible con el marco jurídico.
La Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece taxativamente las causales por las cuales los vocales electorales pueden cesar en sus funciones: cumplimiento de su mandato de seis años, renuncia, incapacidad absoluta permanente, sentencia condenatoria ejecutoriada o la comisión de una falta muy grave tipificada en dicha ley.
Previamente, el 8 de octubre, la máxima autoridad del Ejecutivo, junto a su gabinete ministerial, había advertido sobre la gestación de acciones que podrían interpretarse como un intento de desestabilizar la democracia y obstaculizar la realización de la segunda vuelta electoral, haciendo referencia implícita a esta propuesta. Ese mismo día, el proponente de la ley había solicitado que su iniciativa fuera tratada con dispensación de trámite en el pleno del Senado, a pesar de no haber completado el procedimiento legislativo correspondiente ni haber sido debatida en comisión.
A pesar de su rechazo en la comisión, la propuesta alertó a las misiones de observación que monitorean el proceso electoral y el histórico balotaje. Observadores internacionales han manifestado su preocupación por cualquier indicio de interferencia en el proceso democrático, subrayando que se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución de los acontecimientos. Asimismo, se ha valorado positivamente la decisión legislativa de no dar curso a la iniciativa, recalcando la importancia de que el proceso electoral siga su curso natural para la consolidación democrática.
Algunos organismos internacionales han sugerido que el Estado boliviano debería establecer mecanismos de prevención para evitar que iniciativas similares pongan en riesgo la estabilidad democrática en el futuro. Han señalado que cuestionar la relevancia de las elecciones a pocos días de los comicios no es una práctica responsable ni saludable, y han recordado que Bolivia demostró en la primera vuelta de su año del Bicentenario la capacidad de organizar un proceso electoral transparente que culminó con la determinación popular de un balotaje
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