Sectores en Tarija rechazan decreto 5503 y generan primer conflicto de Rodrigo Paz

En la capital chapaca se vivieron este jueves diversas movilizaciones protagonizadas por juntas vecinales, gremios y el sector transporte, quienes manifestaron su rechazo a la eliminación de la subvención a los combustibles anunciada por el Gobierno. Estas agrupaciones advirtieron que la medida tendrá un impacto inmediato en el costo de la canasta básica y en las tarifas del transporte público, por lo que no descartan nuevas protestas.

La eliminación de la subvención fue decretada mediante el Decreto Supremo 5503, anunciado por el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025. Esta decisión forma parte de un paquete de medidas económicas destinadas a enfrentar la crisis energética y fiscal que afecta al país. Sin embargo, la medida ha generado un amplio rechazo social y sectorial, dado que se implementó a pocos días de iniciado el nuevo gobierno y en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Con la entrada en vigencia del decreto, los precios de los combustibles se ajustaron a Bs 6,96 por litro de gasolina y Bs 9,80 por litro de diésel. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir el déficit fiscal y combatir el contrabando de carburantes hacia países vecinos. Para compensar el impacto, se anunció un aumento del salario mínimo nacional en aproximadamente un 20%, alcanzando los Bs 3.300, así como la elevación de la Renta Dignidad a Bs 500. Además, el diésel fue desregulado para permitir su importación directa por sectores estratégicos, y se creó un programa de protección social que contempla bonos anuales de hasta Bs 600 para sectores no contributivos.

En la región, la respuesta a la medida fue inmediata. Se observaron largas filas en las estaciones de servicio y una creciente preocupación por el incremento en los precios de alimentos y transporte. Algunos comercios optaron por cerrar sus puertas ante la incertidumbre generada. El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales expresó su rechazo, señalando que la medida afecta principalmente a los sectores más vulnerables y advirtió que, de ser necesario, convocarán a movilizaciones masivas. Criticó además la falta de gradualidad en la aplicación y la ausencia de controles para evitar la especulación en mercados y transporte público, donde las tarifas ya se han duplicado en algunos casos.

El sector del transporte también salió a manifestar su descontento. La Federación del Autotransporte 15 de Abril realizó una protesta en la ciudad, exigiendo la abrogación del decreto y la apertura de un diálogo para evaluar el impacto económico real. Su representante destacó que muchos ciudadanos no cuentan con ingresos suficientes para afrontar el aumento de las tarifas, lo que pone en riesgo la movilidad y el acceso al trabajo. Se estableció un plazo de 24 horas para que el Gobierno responda, advirtiendo que, de no obtener una solución, se iniciarán medidas de presión progresivas.

Por su parte, el Comité Cívico local solicitó flexibilizar la norma para evitar un agravamiento de la inflación que afecte a la población general. Los gremios también expresaron su rechazo total, calificando la medida como un error que atentará contra la economía de las familias trabajadoras. Se declararon en estado de emergencia y convocaron a movilizaciones desde temprano, con puntos de concentración definidos para este viernes.

Un análisis desde el ámbito económico recomendó que la implementación de estas políticas se realice con un enfoque gradual y con un fuerte componente social. Se destacó la importancia de monitorear de cerca la evolución de los precios, fortalecer la coordinación institucional y garantizar transparencia para evitar que el ajuste derive en mayor pobreza o conflicto social. Aunque las medidas buscan corregir desequilibrios fiscales y promover la sostenibilidad macroeconómica, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ofrecer compensaciones efectivas y mantener la confianza ciudadana