El sistema judicial boliviano se encuentra en el centro de un intenso debate tras la enérgica demanda de dimisión formulada por el presidente del Trib
El sistema judicial boliviano se encuentra en el centro de un intenso debate tras la enérgica demanda de dimisión formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo. El magistrado ha exigido la renuncia inmediata de cinco miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes ha señalado como responsables de un menoscabo a la institucionalidad democrática del país.
Desde el seno del TCP, se ha manifestado sorpresa ante este cambio de postura del titular del TSJ, recordando que el único mecanismo constitucional para la sustitución de autoridades judiciales es a través de elecciones por voto universal.
La declaración de Saucedo surge en un momento clave, a solo un mes de la conclusión del mandato de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, período que coincide con una significativa transición política en el país. A través de plataformas digitales, el magistrado Saucedo difundió un mensaje contundente: los magistrados deben optar entre la renuncia inmediata, al carecer, según él, de legalidad y legitimidad, o enfrentar una expulsión por lo que considera una usurpación de la Constitución y las leyes. Su objetivo, afirmó, es restaurar la institucionalidad boliviana.
El mensaje fue acompañado por las imágenes de los magistrados Gonzalo Hurtado (Beni), René Yván Espada (Pando), Karem Lorena Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija). Estos funcionarios han extendido sus funciones más allá de diciembre de 2023, fecha en que concluía el mandato popularmente otorgado.
Saucedo calificó al TCP, bajo la dirección de estos magistrados, como una de las entidades que más perjuicio ha causado a la nación y a su sistema democrático. En este contexto, recordó que la Cámara de Senadores ya ha aprobado un proyecto de ley, impulsado por la senadora Silvia Salame, que busca adecuar constitucionalmente el funcionamiento transitorio y excepcional tanto del TSJ como del TCP, disponiendo el cese de los magistrados prorrogados. Esta iniciativa legislativa aún espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, la cual, hasta finales de septiembre, registraba un rezago de 619 iniciativas legales, de las cuales un 88% corresponden a la actual legislatura que finaliza en 30 días, según datos obtenidos a través de los canales oficiales de acceso a la información pública.
En respuesta a estas declaraciones, representantes del TCP, que optaron por el anonimato, subrayaron que la Asamblea Legislativa carece de la facultad para disponer el cese de magistrados sin vulnerar la independencia de poderes. Argumentaron que el artículo 158 -I.5 de la Constitución Política del Estado faculta al Legislativo la preselección de candidatos, mas no la remoción de mandatos populares.
Los miembros del tribunal constitucional también manifestaron su asombro por el cambio de postura del presidente del TSJ. Recordaron que en septiembre participaron conjuntamente en una Sala Plena para la designación de vocales constitucionales, y que a principios de año, el propio Saucedo había reconocido la necesidad de una convivencia temporal con los magistrados prorrogados hasta la elección de sus reemplazos por voto.
Esta modificación en la postura genera sorpresa, especialmente en un momento cercano a un proceso electoral crucial. Advirtieron que cesar a los cinco magistrados prorrogados y permitir el funcionamiento del TCP únicamente con los cuatro electos en diciembre de 2024, tal como propone la ley Salame, podría generar un vacío jurisdiccional temporal. Consideraron que esta propuesta podría constituir una intromisión de un órgano sobre otro y un quiebre en la separación de poderes.
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que Saucedo se pronuncia sobre el particular. El 17 de julio, durante la conmemoración de la instalación de la extinta Corte Suprema, hoy TSJ, ya había interpelado al presidente del TCP, instándolo a garantizar la certidumbre en las elecciones generales y a evitar la restricción de las atribuciones del TSJ en la designación de vocales constitucionales.
Previamente, el 10 de septiembre, el magistrado Hurtado había manifestado que los actuales miembros se mantendrían en sus cargos hasta la llegada de sus reemplazos, señalando que correspondía a la Asamblea completar el proceso de preselección aún pendiente
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