Saravia denuncia extorsión; TSJ revisa a Vidovic

Anghelo Saravia, exfiscal anticorrupción encargado de la investigación contra el empresario peruano Martín Belaunde Lossio, ha revelado una serie de irregularidades que involucran a exfuncionarios del Órgano Judicial y del gobierno anterior. Según Saravia, durante el proceso judicial surgieron indicios de maniobras destinadas a proteger a ciertas autoridades vinculadas al expresidente Evo Morales.

En su relato, Belaunde y Juliano Arista, conocido como el Curaca Blanco, habrían declarado haber entregado sumas considerables de dinero a cambio de garantías de refugio político. Saravia indicó que el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y el magistrado Pastor Mamani habrían solicitado sobornos con la promesa de brindar ayuda, aunque estas declaraciones habrían sido posteriormente modificadas bajo presión. El exfiscal atribuye este cambio a una orden del exfiscal departamental de La Paz, Paul Franco, con el fin de evitar la implicación de funcionarios gubernamentales.

Además, Saravia acusó al exfiscal general Ramiro Guerrero de manipular el proceso para proteger a altos cargos, mencionando la desaparición de una declaración clave que vinculaba a exministros y funcionarios de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). En cuanto al actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic, Saravia negó categóricamente que haya incurrido en actos de corrupción o recibido sobornos durante su labor como defensor de Belaunde, solicitando pruebas documentales en caso de afirmaciones contrarias.

Paralelamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, anunció la instrucción para que los tribunales departamentales remitan información sobre posibles antecedentes judiciales del ministro Vidovic. Saucedo aseguró que, en caso de existir una sentencia condenatoria firme, esta será divulgada públicamente en un plazo máximo de 24 horas. Destacó la importancia de la transparencia y recordó que una persona con sentencia ejecutoriada no está habilitada para ocupar cargos públicos, aunque reconoció que la designación de ministros corresponde exclusivamente al Presidente.

El caso de Belaunde Lossio, detenido en Bolivia en 2015 tras solicitar refugio político, generó tensiones diplomáticas entre Bolivia y Perú debido a su fuga y posterior recaptura. Saravia afirmó que la captura fue resultado de un operativo conjunto de fiscales y policías basado en inteligencia, desmintiendo versiones que atribuyen la acción exclusivamente al Ministerio de Gobierno. Asimismo, solicitó que la investigación se reabra sin influencias políticas para esclarecer posibles redes de extorsión relacionadas con el empresario.

En defensa del ministro Vidovic, su abogado Guery Pereira Terrazas calificó las acusaciones como parte de una campaña mediática infundada, impulsada por sectores interesados en deslegitimar su nombramiento reciente. Pereira afirmó que no existen procesos penales ni sentencias firmes contra Vidovic y denunció que el caso fue fabricado por policías y autoridades del gobierno anterior. Además, mencionó que el exministro Evo Morales reconoció en su momento que la fuga de Belaunde se debió a fallas policiales, sin involucrar al actual ministro.

El defensor también denunció presiones y amenazas sufridas por Vidovic, incluyendo la firma forzada de documentos en blanco bajo coacción, que luego habrían sido utilizados para construir una supuesta condena. Pereira solicitó la revisión exhaustiva del expediente judicial para esclarecer la situación y criticó la manipulación de procesos por parte de agentes policiales vinculados al anterior régimen.

Finalmente, Pereira recordó las persecuciones que enfrentó al defender a otros funcionarios en el pasado, señalando que hoy se repiten tácticas similares para atacar a profesionales como Vidovic. La investigación continúa abierta, y las autoridades esperan concluir la revisión de antecedentes para emitir pronunciamientos oficiales