Sala Constitucional ordena congelar cuentas de ministro y autoridades de Comibol por caso Cerro Rico

Una reciente determinación judicial en Potosí ha dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, así como de altos funcionarios de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La medida se fundamenta en la presunta inobservancia de sus responsabilidades en la salvaguarda del emblemático Cerro Rico.

La decisión emana de la Sala Constitucional Primera de Potosí, en respuesta a una denuncia interpuesta por el Comité Cívico Potosinista. Dicha denuncia señalaba el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 1062, emitida en 2022, la cual establecía directrices claras para la protección del patrimonio natural y cultural.

En su momento, la sentencia de 2022 ordenó al Ministerio de Minería y a Comibol la ejecución de trabajos esenciales para la estabilización del Cerro Rico. Asimismo, dictaminó la reubicación de las cooperativas mineras a zonas que no excedieran la cota de 4.700 metros sobre el nivel del mar, con el fin de mitigar el impacto de la actividad extractiva en la estructura del cerro.

La resolución judicial actual subraya que, al haberse verificado la inejecución de estas disposiciones, se ha instruido a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) proceder con el bloqueo de los fondos bancarios del ministro Alejandro Santos Laura, del presidente ejecutivo interino de Comibol, Reynaldo Pardo Fernández, y del gerente regional interino de Comibol en Potosí, Iván Guillermo Fuertes Quispe. Esta acción coercitiva se mantendrá vigente hasta que se demuestre el cumplimiento cabal de la Sentencia Constitucional Plurinacional previamente citada. El tribunal advierte que, de persistir la inacción, se podrían imponer multas progresivas y remitir los antecedentes al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

Adicionalmente, el fallo confiere un plazo de un mes a los funcionarios implicados para que acrediten las acciones concretas emprendidas en relación con la estabilización de la gradiente del Cerro de Potosí, haciendo hincapié en la preservación de su estructura morfológica rocosa y la estabilidad del terreno. Finalmente, la determinación judicial reafirma la necesidad de la reubicación de las empresas mineras autorizadas, en estricta conformidad con los lineamientos establecidos en la Sentencia Constitucional Plurinacional de 2022