La controversia generada por las recientes afirmaciones de Ruth Nina, exdirigente de la agrupación política Pan-Bol, ha provocado una fuerte reacción
La controversia generada por las recientes afirmaciones de Ruth Nina, exdirigente de la agrupación política Pan-Bol, ha provocado una fuerte reacción en diversos sectores. Las declaraciones de Nina, en las que intentó atribuir al gremio periodístico una supuesta tergiversación de sus palabras, han sido objeto de profunda preocupación por parte de las principales organizaciones de prensa del país.
Representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsables de la Prensa Internacional (ACPI) han expresado su inquietud. Han señalado que emitir pronunciamientos públicos que anticipan escenarios de violencia, como la afirmación de que el 17 de agosto, en vez de contar votos, van a contar muertos, no solo denota una grave irresponsabilidad, sino que también amenaza la estabilidad institucional democrática y la credibilidad del proceso electoral.
Ante la amplia condena que sus afirmaciones han provocado, Nina ha intentado desviar la atención, acusando a periodistas y medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones y de incurrir en violencia mediática. Las asociaciones periodísticas han rechazado categóricamente estas acusaciones, argumentando que los profesionales de la prensa se han limitado a reproducir fielmente sus afirmaciones y a enmarcarlas dentro del debate público. Asimismo, han destacado el papel fundamental de los medios de comunicación en una democracia, que es el de asegurar la disponibilidad de información fidedigna y a tiempo. Enfatizaron que el ejercicio periodístico no debe ser desacreditado por reflejar con exactitud las palabras de quienes representan o lideran organizaciones políticas.
En paralelo, desde la capital cruceña, el ámbito municipal también ha reaccionado. Los concejales Maykol Negrette y Marcelo Vidaurre, en representación del Concejo Municipal de Santa Cruz, han manifestado su enérgico rechazo a las palabras de la dirigente. Subrayaron el compromiso del legislativo municipal con la defensa de la Constitución Política del Estado, que salvaguarda los derechos, deberes y la convivencia pacífica.
Los ediles declararon su oposición a cualquier pronunciamiento, acción o amenaza que pretenda vulnerar la soberanía popular, los límites de mandato o el orden democrático. Instaron al Ministerio Público a actuar de oficio, iniciando las investigaciones y acciones legales pertinentes ante declaraciones y actos que pudieran constituir delitos como instigación pública a delinquir, terrorismo, obstaculización, injerencia o acoso en el contexto del proceso electoral de 2025.
El concejal Vidaurre enfatizó la unanimidad del Concejo Municipal en su repudio a estas declaraciones, subrayando que tales afirmaciones, por su naturaleza temeraria, no solo comprometen la integridad del proceso electoral venidero, sino también la seguridad de los ciudadanos bolivianos. Recalcó que la democracia en el país se ha construido con sacrificio y que no se permitirá que ninguna persona o agrupación la viole
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