Ruth Nina defiende advertencia de violencia electoral y enfrenta acusaciones

Una figura prominente vinculada al disuelto partido PAN-Bol y cercana al expresidente Evo Morales, Ruth Nina, se pronunció recientemente sobre las controvertidas afirmaciones que realizó durante una asamblea del sector afín a Morales en Lauca Ñ, Cochabamba. En dicho encuentro, Nina había advertido que la jornada electoral del 17 de agosto podría transformarse en un escenario de violencia, sugiriendo que las autoridades electorales y gubernamentales contarían muertos en lugar de votos.

La dirigente defendió sus palabras como una manifestación legítima en defensa de los derechos constitucionales de las comunidades indígenas y sectores populares. Argumentó que sus declaraciones constituían un ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, cuestionando la criminalización de posturas críticas ante la imposición de candidaturas que, a su juicio, no representan los intereses de estos grupos.

Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de la inhabilitación de PAN-Bol, la organización política a la que Nina estuvo afiliada, la cual perdió su personería jurídica por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votos en comicios previos. Esta situación impidió su participación en las próximas elecciones de agosto, a pesar de los intentos del expresidente Morales de utilizar la sigla para su propia postulación. Nina enfatizó su disposición a enfrentar las consecuencias, incluso extremas, en la defensa de un recurso de amparo constitucional que busca revertir la exclusión de su facción del proceso electoral, invocando el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Asimismo, instó a la acción legal contra los vocales del Tribunal Electoral, acusándolos de incumplir dicho amparo y llegando a solicitar su detención.

Las afirmaciones de Nina provocaron una ola de reacciones adversas tanto en plataformas digitales como en el ámbito político. Ante la controversia, la dirigente se defendió, negando cualquier intención de apología del delito y argumentando que su postura refleja el sentir de las organizaciones sociales, quienes exigen el cumplimiento de un amparo constitucional, lo cual considera un derecho inalienable y no una infracción.

En respuesta a estos dichos, la diputada Luisa Nayar presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Santa Cruz, imputando a Nina cargos por apología del delito y difusión de mensajes de odio. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que las declaraciones de la dirigente podrían constituir una serie de ilícitos, que abarcan desde la instigación pública a delinquir y delitos electorales, hasta la figura de terrorismo. El ministro concluyó su intervención afirmando que estos eventos revelan la verdadera naturaleza y los objetivos subyacentes del movimiento político asociado al expresidente Morales, ofreciendo una clara perspectiva a quienes aún albergaban dudas sobre sus intenciones