Análisis detallado de la respuesta del Gobierno a los intentos de contratos con comunidades indígenas bolivianas. Tras más de dos meses de controvers
Análisis detallado de la respuesta del Gobierno a los intentos de contratos con comunidades indígenas bolivianas.
Tras más de dos meses de controversia, el Gobierno boliviano finalmente se pronunció sobre los intentos del autodenominado “Estado de Kailasa” de arrendar tierras a comunidades indígenas. La falta de acción y las evasivas del ministro de Desarrollo Rural han generado preocupación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Tras más de dos meses desde que se hizo pública la noticia sobre los intentos del autodenominado “Estado de Kailasa” de firmar contratos con comunidades indígenas bolivianas para arrendar grandes extensiones de tierra, el Gobierno boliviano finalmente respondió a las críticas. En una petición de informe oral presentada por el ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores Lazo, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se reveló una actitud evasiva por parte de las autoridades.
El ministro Flores respondió a las preguntas de los legisladores con tecnicismos y evasivas, alegando en repetidas ocasiones que no contaban con la competencia para abordar el tema. A pesar de la gravedad de la situación, el ministro se deslindó de cualquier responsabilidad e incluso ignoró la posibilidad de que los contratos firmados fueran nulos de pleno derecho.
La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión, expresó su preocupación por la falta de acción por parte del Ministerio de Desarrollo Rural, indicando que se evidenciaba una omisión de deberes por parte del gobierno. Se cuestionó la inacción del ministro, quien no solicitó los contratos, no coordinó con otras entidades estatales ni brindó asesoramiento a las comunidades indígenas afectadas.
El informe ministerial omitió referirse a hechos públicos, como el intento de alquiler de tierras con la Nación Baure, las reuniones con diversas comunidades indígenas y las fotografías que vinculaban a representantes de Kailasa con autoridades locales y nacionales. Además, se hizo mención de amenazas recibidas por la periodista Silvana Vincenti, quien sacó a la luz la información, mientras que las instituciones cruceñas y el gremio de la prensa la respaldaron.
Ante esta situación, la Comisión anunció que seguirá con la fiscalización del caso y exigirá más información a diversas entidades gubernamentales. Se evaluará la posibilidad de denunciar al ministro por incumplimiento de deberes, en un intento por esclarecer la situación y asegurar la protección de los derechos de las comunidades indígenas involucradas.
La Comisión continuará investigando el caso y se evaluará la posibilidad de denunciar al ministro por incumplimiento de deberes. Es fundamental esclarecer la situación y proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas.
COMMENTS