Raquel Ramos exige informe sobre fotomultas que recaudaron dos coma ocho millones de bolivianos

Una legisladora municipal ha iniciado una investigación sobre los aspectos financieros del sistema de fotomultas, cuyo contrato con la empresa “Smart Solutions” se encuentra actualmente en proceso de rescisión. La concejal Raquel Ramos Guzmán, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó una solicitud de informe escrito al ejecutivo municipal para esclarecer los ingresos generados por esta iniciativa.

La preocupación central de la concejal radica en la distribución de los fondos recaudados. Según datos que han circulado ampliamente en diversos medios y plataformas digitales, las cifras obtenidas por “Smart Solutions” serían considerables. Se estima que, si se hubieran cobrado la totalidad de las multas acumuladas en un periodo de tres meses, el monto ascendería a 2.8 millones de bolivianos. De esta suma, aproximadamente 1.4 millones de bolivianos se habrían destinado al gobierno municipal, mientras que la empresa privada habría recibido alrededor de 1.3 millones de bolivianos. Esta proyección sugiere, según la autoridad, que el proyecto estaba orientado más a la recaudación económica que a la educación vial, beneficiando de manera desproporcionada a la compañía privada en detrimento de los ciudadanos.

La concejal destacó que, de un grupo de diez personas notificadas, solo dos efectuaron el pago de sus multas. Ante esta situación, Ramos Guzmán ha insistido en la necesidad de que el municipio tome acciones concretas para devolver el dinero a la población, que sigue manifestando su descontento por los avisos de cobro recibidos. La legisladora argumentó que las afectaciones a los ciudadanos se produjeron de manera arbitraria e ilegal, ya que el contrato con la empresa privada se firmó sin un marco legal claramente establecido, un hecho que, según ella, ha sido confirmado por una sentencia judicial.

Por su parte, Daniel Rodríguez, portavoz de la empresa “Smart Solutions”, aclaró que, si bien las fotomultas eran un componente del contrato, el objetivo principal del proyecto era la educación vial, a través de campañas masivas. Rodríguez también señaló que la alcaldía no había publicado el decreto correspondiente al proyecto en la gaceta oficial.

La empresa está evaluando diversas acciones legales en respuesta a la suspensión del contrato. El representante de “Smart Solutions” confirmó que los cobros de multas comenzaron en julio y que el amparo constitucional en curso no aborda específicamente la devolución de los montos ya pagados. Asimismo, Rodríguez afirmó que el 51% de los fondos recaudados, conforme a lo estipulado en el contrato, fue transferido a la alcaldía. Añadió que muchos ciudadanos realizaron sus pagos, a excepción de los operadores del transporte público, y que ese dinero fue entregado al gobierno municipal