Propietarios de predio soyero avasallado exigen intervención policial inmediata para recuperar sus tierras

En la provincia Guarayos, Santa Cruz, una familia dedicada a la producción agrícola ha denunciado el reciente ingreso de aproximadamente medio centenar de personas a su propiedad, la finca El Encanto, justo en medio de la temporada de cosecha de soya. Este incidente, ocurrido el sábado por la noche, marca la cuarta ocasión en que el predio es objeto de una ocupación irregular por parte de presuntos avasalladores.

La situación, según los afectados, se remonta a 2021 y, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, el conflicto persiste sin una resolución definitiva. La representante de la familia ha enfatizado que la propiedad cuenta con documentación legal que acredita su titularidad desde 2008, incluyendo registros en Derechos Reales y el INRA. Sin embargo, los líderes de la ocupación, según ella, estarían difundiendo información errónea, afirmando que el terreno es de dominio fiscal.

La familia ha expresado su profunda preocupación por el impacto en las aproximadamente 50 hectáreas de cultivo de soya, temiendo pérdidas económicas significativas y daños irreversibles a la producción si la situación no se resuelve con celeridad. Se ha solicitado una intervención policial inmediata para desalojar a los ocupantes y proceder con las aprehensiones correspondientes, especialmente considerando que la incursión se produjo directamente en el área de cosecha.

Los invasores, al parecer, habrían sido movilizados desde una comunidad cercana, tras una reunión convocada por los organizadores de la toma. Además, se ha observado la presencia de menores y adultos mayores entre las personas trasladadas al predio, lo que los denunciantes interpretan como una estrategia para justificar una supuesta posesión. La familia ha insistido desde el inicio del conflicto en que no se intervenga ni se siembre en el predio, dado el respaldo legal de la propiedad privada.

El abogado de la familia ha cuestionado la actuación del Ministerio Público ante estos hechos, señalando una preocupante permisividad. Ha manifestado que la Fiscalía de Guarayos habría rechazado recibir la denuncia, solicitando que esta sea radicada en Santa Cruz de la Sierra, lo que dilata la respuesta jurídica y paraliza las actividades agrícolas esenciales. Se ha hecho un llamado a las autoridades fiscales para que actúen con la misma diligencia que en otros tipos de delitos, frente a lo que describe como organizaciones criminales dedicadas al avasallamiento.

En semanas recientes, la Gobernación cruceña activó una mesa interinstitucional, involucrando a la Fiscalía, la Policía y el Tribunal Departamental de Justicia, con el objetivo de abordar la problemática de las tomas de tierras. Desde estas instancias, se ha asegurado que el sistema de justicia actuará con firmeza, sin reconocer fueros ni privilegios, y que se aplicará todo el rigor de la ley en estos casos