Prófugos triple crimen cruzan frontera Argentina cuestionan seguridad fronteriza

La reciente aprehensión en Perú de Tony Janzen Valverde, conocido como Pequeño J, y Matías Agustín Ozorio, buscados por un triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, Argentina, ha puesto de manifiesto serias deficiencias en la seguridad fronteriza regional. El recorrido de estos individuos, que los llevó desde Argentina, a través de Bolivia, hasta su captura final, subraya la vulnerabilidad de los controles migratorios y policiales.

La facilidad con la que estos prófugos lograron cruzar la frontera entre Villazón y La Quiaca, un punto de tránsito crucial entre Argentina y Bolivia, ha generado una profunda inquietud. Diversas voces locales han manifestado su alarma ante la evidente debilidad en la supervisión gubernamental de estas zonas limítrofes. Se ha criticado la falta de solidez en las políticas de seguridad y migración, que facilitan el tránsito sin registro a través de pasos no oficiales. Esta situación se ve agravada por la escasez de recursos humanos dedicados a la vigilancia fronteriza; por ejemplo, en el punto de Villazón, el personal asignado a la policía migratoria y a las oficinas de Migraciones es notoriamente limitado. La facilidad con la que se puede transitar por pasos no habilitados, eludiendo controles aduaneros y migratorios, ha sido una observación frecuente, evidenciando la existencia de rutas clandestinas que operan sin supervisión.

Las autoridades argentinas confirmaron que Valverde y Ozorio salieron de su país ingresando a territorio boliviano. Valverde, alias Pequeño J, continuó su ruta desde Bolivia hacia Perú, con paradas en Desaguadero y Arequipa, y un destino final proyectado en Trujillo. Sin embargo, su fuga fue frustrada por la intervención conjunta de la Interpol y la División Antidrogas peruana. Por su parte, Ozorio ingresó a territorio boliviano utilizando una identidad falsa, en compañía de Lázaro Víctor Sotacuro, quien sí empleó sus datos reales. Ozorio fue interceptado en Villazón y posteriormente expulsado del país.

Este incidente no solo expone la fragilidad de las barreras de seguridad nacionales, sino que también envía una señal preocupante a nivel internacional sobre la efectividad del control territorial. La capacidad de prófugos de la justicia para transitar libremente por múltiples países antes de ser aprehendidos plantea interrogantes urgentes sobre la seguridad ciudadana y la coordinación interfronteriza, exigiendo una revisión profunda de las estrategias de vigilancia y control por parte de las autoridades competentes