Las asociaciones de prestatarios en Tarija han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que agilice la promulgación de la Ley de Diferimiento de
Las asociaciones de prestatarios en Tarija han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que agilice la promulgación de la Ley de Diferimiento de Créditos, una normativa que permanece en un limbo legislativo entre ambas cámaras del parlamento. La demanda es clara: que la decisión final sobre esta ley sea tomada directamente por el Ejecutivo, basándose en los consensos y avances alcanzados previamente, sin más revisiones por parte del órgano legislativo.
El proyecto de ley, diseñado para ofrecer un periodo de gracia a los deudores con pagos atrasados, había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados a mediados de septiembre. Sin embargo, su progreso se vio interrumpido en la Cámara de Senadores, que optó por devolver la propuesta a Diputados con una serie de observaciones y modificaciones. Estas revisiones buscaban, entre otras cosas, restringir el alcance de la ley únicamente a aquellos prestatarios que ya presentaban retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
La representante de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija, Natividad Amador, expresó su preocupación por la paralización del trámite el pasado 16 de octubre. En esa fecha, se anticipaba que la Cámara de Senadores finalmente sancionaría la ley para su envío al Ejecutivo, pero el proceso se detuvo nuevamente debido a lo que se describió como observaciones de forma. La dirigente ha manifestado la frustración colectiva, señalando que, a pesar de las promesas de ajustes menores, la aprobación sigue pendiente. Ha enfatizado que los prestatarios no están dispuestos a tolerar más demoras ni a aceptar nuevas modificaciones al texto del proyecto.
Los prestatarios se sienten defraudados por lo que perciben como una falta de voluntad política. Se ha recordado que, durante encuentros recientes en la sede de gobierno, las autoridades nacionales se comprometieron a asegurar la aprobación de la ley antes de la transición gubernamental. La normativa busca establecer un nuevo diferimiento de créditos para individuos y microempresarios severamente afectados por la actual crisis económica, con un enfoque particular en los sectores informal y productivo. A lo largo de los últimos meses, diversas asociaciones de prestatarios en todo el país han llevado a cabo movilizaciones, vigilias y protestas frente a instituciones financieras y oficinas gubernamentales, urgiendo la concreción de esta medida antes del 8 de noviembre, fecha en que asumirá el nuevo presidente electo, Rodrigo Paz
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