El economista y aspirante a la alcaldía, Roberto Castillo, ha remitido una solicitud formal a la entidad reguladora financiera para esclarecer si la L
El economista y aspirante a la alcaldía, Roberto Castillo, ha remitido una solicitud formal a la entidad reguladora financiera para esclarecer si la Ley 1670 continúa en vigencia y si se está aplicando conforme a su reglamento. Esta acción surge en respuesta a inquietudes manifestadas por pequeños prestatarios que promovieron esta normativa, la cual establece una suspensión temporal en el pago de créditos bancarios.
Castillo señaló que existen versiones dentro del sector bancario que indican que la Ley 1670 habría sido reemplazada por el Decreto 5503, una medida que difiere significativamente en sus disposiciones. Según la ley vigente, los prestatarios deberían suspender sus pagos desde noviembre y retomarlos en mayo de 2026. Sin embargo, las entidades financieras estarían proponiendo un período de gracia seguido de una reprogramación de deudas, una práctica que el economista considera similar a la estrategia aplicada tras la pandemia, que implicó un aumento del endeudamiento para los clientes sin resolver el problema de fondo.
El analista enfatizó que la finalidad de su comunicación con la autoridad reguladora es obtener una confirmación oficial sobre la vigencia de la ley para que las instituciones bancarias cesen prácticas que calificó como extorsivas y cumplan con su función de apoyo a la sociedad. Además, recomendó a los prestatarios que, ante cualquier contacto de las entidades financieras, se amparen en la Ley 1670, la cual, según afirmó, sigue plenamente vigente.
En cuanto a la magnitud de las quejas recibidas, Castillo indicó que han recopilado más de mil testimonios en la última semana, en los cuales los bancos argumentan que ciertos créditos no califican para el diferimiento, una afirmación que él desmiente categóricamente. Explicó que la Ley 1670 y su reglamento 5484 permiten que todas las personas con actividad independiente puedan acogerse a este beneficio, subrayando la amplitud y validez actual de esta normativa




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