Presidentes de tribunales exigen retiro tras polémica por autoprorrogas en el poder

Una significativa convergencia de criterios se ha manifestado entre las principales autoridades del Órgano Judicial, quienes han expresado su firme respaldo a la reciente postura adoptada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, en relación con la situación de los magistrados con mandatos extendidos.

Saucedo, en una declaración pública difundida previamente, había interpelado directamente a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyos periodos de funciones se han extendido más allá de lo establecido. Su argumentación central se fundamenta en la imperiosa necesidad de preservar la integridad institucional del país, advirtiendo contra la erosión que podría provocar la permanencia de un número limitado de individuos en posiciones clave. En su enérgico pronunciamiento, el titular del TSJ delineó dos alternativas claras para los aludidos: la dimisión inmediata, argumentando la ausencia de legitimidad y legalidad en su continuidad, o enfrentar las consecuencias de ser removidos por considerarse transgresores de la Constitución y el marco legal vigente.

Horas después de esta declaración, Manuel Baptista, al frente del Consejo de la Magistratura, reiteró la cohesión del Órgano Judicial, subrayando la importancia de restaurar la plena institucionalidad y garantizar el irrestricto acatamiento a la Constitución y las leyes nacionales. Expresó que la postura de Saucedo refleja un sentir compartido por la mayoría de la ciudadanía, que anhela una transformación en el sistema judicial. Por su parte, Richard Méndez, presidente del Tribunal Agroambiental, manifestó su total adhesión al pronunciamiento de su colega, enfatizando que tales acciones son indicativas de la solidez institucional del país.

La exigencia de la salida de los magistrados con mandatos extendidos también encontró eco en el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien públicamente señaló la necesidad de su retiro. Además, lamentó la prolongada demora en la manifestación del Tribunal Supremo de Justicia y la ausencia de pronunciamientos por parte de otras entidades clave como la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría General.

Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho se sumó a las voces críticas, imputando a los magistrados en cuestión una prolongada afectación al sistema judicial. Atribuyó la responsabilidad de esta situación al presidente Luis Arce, a quien acusó de haberles conferido una autoridad excesiva que les permitió prolongar su permanencia. Camacho expresó su total respaldo a las declaraciones del presidente del TSJ, reconociendo su coherencia en la defensa de la independencia judicial y la contundencia de su reciente intervención. Concluyó instando a los implicados a reflexionar sobre su situación y a retirarse de sus cargos