A poco más de un mes desde su asunción, Rodrigo Paz ha implementado un cambio significativo en la política económica del país mediante la promulgación
A poco más de un mes desde su asunción, Rodrigo Paz ha implementado un cambio significativo en la política económica del país mediante la promulgación del Decreto Supremo 5503. Esta normativa no solo elimina el subsidio a los combustibles, sino que también despliega un conjunto integral de medidas destinadas a reactivar la producción, recuperar la liquidez y estabilizar los precios. La estrategia se centra en dinamizar la economía, atraer inversiones y brindar apoyo a los sectores afectados por la crisis heredada del gobierno anterior.
El decreto aborda diversos aspectos clave. En el ámbito macrofinanciero, concede al Banco Central de Bolivia (BCB) facultades especiales para gestionar financiamiento externo, realizar swaps de divisas y utilizar instrumentos de cobertura cambiaria, con el fin de fortalecer la balanza de pagos y aumentar las reservas internacionales. Esta flexibilización busca mejorar la situación financiera del Estado, reducir el riesgo país y estimular el crédito.
Uno de los pilares de esta iniciativa es la creación de un Régimen Extraordinario de Promoción y Protección de Inversiones, que ofrece estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años para proyectos nuevos o ampliaciones, respaldados por contratos con fuerza legal. Además, se establece un mecanismo para la aprobación rápida de proyectos estratégicos, con un plazo máximo de 30 días y la aplicación del silencio administrativo positivo, lo que implica que la falta de respuesta estatal en ese tiempo se interpreta como autorización automática.
El decreto también introduce un régimen temporal para la regularización y repatriación de capitales, permitiendo declarar activos no registrados con condiciones tributarias preferenciales. Esta medida pretende atraer dólares fuera del sistema formal y aumentar la liquidez sin recurrir a endeudamiento adicional.
Para incentivar la generación de empleo, se permite que los aportes patronales sean considerados como pago a cuenta del IVA en casos de nuevas contrataciones, reduciendo así el costo laboral formal. Los profesionales independientes también se benefician al poder descontar créditos fiscales del IVA, lo que mejora su capacidad financiera.
En materia comercial, se elimina la obligación de obtener autorizaciones previas para exportar productos considerados estratégicos, como maíz, sorgo, azúcar y carne bovina, entre otros. Este cambio elimina trabas burocráticas que durante años condicionaron la salida de bienes al exterior, facilitando la exportación siempre que se cumplan las normativas sanitarias y de calidad vigentes. No obstante, el control estatal continúa vigente en aspectos fitosanitarios, tributarios y aduaneros.
El decreto contempla además un aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 a partir del 2 de enero, con la finalidad de fortalecer el ingreso de los trabajadores y compensar el impacto del fin del subsidio a los combustibles. Esta medida busca equilibrar los esfuerzos entre empleados, Estado y sector privado para mantener la cohesión social en un contexto económico desafiante.
Si bien la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respaldó las medidas estructurales adoptadas, expresó inquietudes respecto al incremento del salario mínimo, que representa un aumento del 20%. La entidad advirtió sobre la necesidad de evitar un deterioro económico que podría resultar difícil de manejar. Por su parte, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) señaló la importancia de establecer un diálogo tripartito previo para proteger tanto el empleo como la estabilidad empresarial.
Para mitigar el impacto de los mayores costos laborales en micro y pequeñas empresas, el decreto incluye facilidades como la posibilidad de computar aportes patronales como pago a cuenta del IVA en nuevas contrataciones, el diferimiento de créditos productivos y el acceso a regímenes tributarios simplificados, buscando así apoyar la sostenibilidad del sector productivo en esta etapa de transición
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