El Tribunal Agroambiental permite participación de “Amigos de la Corte” en proceso judicial por preservación del jaguar.

Apertura sin precedentes para la sociedad civil en un caso ambiental clave para la conservación de la biodiversidad en Bolivia.
El Tribunal Agroambiental ha marcado un hito al abrir las puertas a la participación de “Amigos de la Corte” en un proceso judicial relacionado con la preservación del jaguar y su hábitat. Esta decisión sin precedentes busca fortalecer la defensa de la biodiversidad en Bolivia y sentar un precedente en materia ambiental.
El Tribunal Agroambiental ha tomado una decisión sin precedentes al permitir la participación de “Amigos de la Corte” (amicus curiae) provenientes de la sociedad civil en un proceso judicial relacionado con la preservación del jaguar y su hábitat. Esta apertura se da en el marco de un Auto de Admisión a una medida cautelar ambiental preventiva presentada en favor de esta especie emblemática. La convocatoria lanzada por el Tribunal ha llamado a todos los interesados a presentar sus argumentos y aportes tanto de forma escrita como digital, a través del correo electrónico habilitado por la Secretaría del Tribunal Agroambiental.

Además, se ha programado una audiencia pública para el 23 de abril en la ciudad de Sucre, a las 09:00, donde los participantes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas y testimonios directamente ante el Tribunal Agroambiental. Este hecho marca un hito en materia judicial ambiental, al convocar a representantes de diversos niveles del Estado, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta organizaciones no gubernamentales, colectivos ambientales, naciones indígenas, entre otros, quienes argumentarán sobre la importancia de proteger al jaguar y su ecosistema, amenazados por diversas actividades humanas como los incendios y la expansión agrícola.

La demanda que dio origen a este proceso fue presentada el 4 de febrero por la diputada chiquitana María René Álvarez ante el Tribunal Agroambiental, presidido por Cristian Méndez, quien desde el inicio mostró disposición y apertura en relación a esta problemática. La demanda de la diputada surgió de una denuncia de biocidio y tráfico de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, solicitando medidas cautelares para prevenir la caza de estos animales y restaurar su hábitat.

María René Álvarez expresó su preocupación por la caza y el tráfico ilegal de especies en la Chiquitania, destacando un caso reciente en el que cinco jaguares perdieron la vida a manos de un empresario argentino. La diputada señaló la impunidad con la que estas acciones se han llevado a cabo durante años, motivándola a recurrir al Tribunal Agroambiental como instancia de justicia independiente. Destacó la importancia de resolver estos conflictos en el ámbito judicial y no en oficinas burocráticas del Ejecutivo, que muchas veces politizan estos temas.

La participación de “Amigos de la Corte” en este proceso histórico ha sido respaldada por organizaciones como Alas Chiquitanas, dedicada a la protección de la biodiversidad y la lucha contra los incendios forestales. La organización se unió formalmente como tercero interesado en esta causa, destacando la importancia de abordar no solo la caza ilegal y el tráfico de jaguares, sino también la deforestación, la falta de recursos para la conservación y los intereses económicos que ponen en riesgo la supervivencia de esta especie.

Alas Chiquitanas presentó un petitorio de 20 puntos ante el Tribunal Agroambiental, en el que solicitan acciones concretas como un plan nacional urgente para combatir el tráfico de fauna silvestre, la modificación de leyes para endurecer las sanciones por delitos ambientales y la implementación de medidas de control de incendios forestales. Estas propuestas buscan no solo proteger al jaguar, sino también promover la conservación y preservación de la biodiversidad en Bolivia.

La audiencia pública prevista para el 23 de abril se presenta como una oportunidad crucial para que distintos actores involucrados en la defensa del jaguar y su hábitat puedan expresar sus argumentos y propuestas ante el Tribunal Agroambiental. Se espera que esta instancia judicial emita una decisión que siente jurisprudencia en materia ambiental y sirva como base para futuras acciones de protección de la biodiversidad en el país.
La participación de distintos actores en la defensa del jaguar y su hábitat, incluyendo a la sociedad civil, marca un importante avance en la protección de la biodiversidad en Bolivia. La audiencia pública programada para el 23 de abril se presenta como una oportunidad única para abordar esta problemática de manera integral y buscar soluciones concretas.