La Policía Boliviana descartó el empleo de armas de fuego durante el operativo realizado para desbloquear el acceso al botadero de Cotapachi, en Colca
La Policía Boliviana descartó el empleo de armas de fuego durante el operativo realizado para desbloquear el acceso al botadero de Cotapachi, en Colcapirhua, y denunció que sus agentes fueron atacados por comunarios en una emboscada. Como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida y más de una decena resultaron heridas, incluyendo siete miembros de la fuerza policial. El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales que ya se encuentra realizando inspecciones en el lugar con el fin de esclarecer las causas y responsabilidades del incidente.
El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Alejandro Basto, explicó que los efectivos fueron agredidos mientras cumplían una orden judicial. Afirmó que al salir del operativo fueron emboscados, lo que dejó un saldo de siete uniformados heridos. Asimismo, rechazó las acusaciones de los pobladores que afirmaban que la Policía disparó contra la multitud.
El conflicto se produjo durante la mañana del lunes, cuando unidades antidisturbios ingresaron a Cotapachi para despejar el acceso al relleno sanitario, que permanecía bloqueado desde hacía 12 días. Imágenes difundidas en redes sociales reflejan momentos de tensión, con pobladores enfrentándose a los policías, intentos de liberar a personas detenidas y forcejeos alrededor de vehículos policiales.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que la investigación se lleva adelante bajo las figuras de homicidio, instigación pública a delinquir y lesiones graves y leves. Los peritos están analizando los indicios balísticos para determinar el origen de los disparos y el tipo de munición empleada en los hechos que causaron las muertes.
Por su parte, la defensa legal de los policías, representada por el abogado Rolando Ramos, denunció que los agentes fueron víctimas de secuestros, torturas y ataques con objetos contundentes y presuntos explosivos. Detalló que dos sargentos y dos tenientes fueron retenidos temporalmente y golpeados, y que uno de los uniformados heridos requirió una intervención quirúrgica para extraerle 37 esquirlas. Otros seis policías presentan distintas lesiones.
Ramos aseguró que la acción policial se desarrolló en cumplimiento de una resolución judicial dictada en el marco de una acción popular, debido a que el bloqueo del botadero representaba un riesgo para la salud pública por la acumulación de desechos. Defendió la intervención como legal y proporcional, y adelantó que presentarán una denuncia por tentativa de homicidio.
Desde el ámbito sanitario, el director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio Orozco, informó que 16 personas resultaron afectadas durante el enfrentamiento. Trece de ellas fueron atendidas en ese centro médico, entre las cuales dos ingresaron sin signos vitales. Otros heridos fueron trasladados a hospitales en Cochabamba.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, realizó una inspección ocular junto a fiscales y confirmó que ya se realizaron las autopsias médico-forenses a las dos víctimas fatales. Indicó que al menos tres policías permanecen hospitalizados y no descartó la posible participación de grupos externos ajenos a la comunidad, una hipótesis que también está siendo investigada.
Mientras continúan las pericias técnicas y las declaraciones, las autoridades enfatizaron que el objetivo principal es esclarecer la verdad de los hechos, identificar a los responsables del uso de armas letales y evitar que el conflicto generado por la gestión del botadero desencadene nuevos episodios de violencia
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