La reciente fuga de dos ciudadanos brasileños vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, desde el
La reciente fuga de dos ciudadanos brasileños vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ha generado serias sospechas sobre posibles complicidades dentro de la Policía y el sistema penitenciario.
Los evadidos, previamente recluidos en el pabellón de máxima seguridad PC-7 del penal de Palmasola, estaban involucrados en delitos graves como asesinatos, ajustes de cuentas y tenían conexiones directas con el narcotráfico que opera en la región del Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas de producción ilegal de coca en el país.
Identificados como Jangledson De Olivera y Óscar Junior Terra Días de Floriano, ambos brasileños exhibían tatuajes que los vinculaban al Comando Vermelho, organización dedicada al tráfico internacional de drogas, sicariato y control territorial dentro de cárceles en Brasil y otros países de la región.
Antes de su traslado a Chonchocoro, ambos se encontraban en el PC-7 de Palmasola, donde fueron señalados por la Fiscalía y la Policía como los autores materiales del asesinato de Remberto López Herbas, un interno acusado de haber asesinado a un juez en Villa Tunari. López fue encontrado muerto con dos disparos en la cabeza dentro de uno de los bloques del PC-7, hecho que generó preocupación por el nivel de control que ejercen las estructuras criminales dentro de los penales.
Las investigaciones establecieron que el homicidio fue un crimen por encargo, solicitado por narcotraficantes del Trópico de Cochabamba a cambio de dinero. Se determinó que otro miembro del grupo, Caique Lima Silva, fue quien ejecutó el asesinato, mientras que Terra Días de Floriano facilitó el ingreso del arma al penal, evidenciando la posible complicidad interna. Ambos aceptaron una condena de 30 años sin derecho a indulto, motivo por el cual fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
La fuga ocurrió en la madrugada del 17 de diciembre, cuando los dos reos utilizaron una escalera para superar los muros perimetrales del penal. Durante la inspección posterior, se encontraron evidencias como puertas forzadas, la escalera y un arma blanca, lo que apunta a una evasión planificada y con apoyo interno. Como resultado, fue detenido un policía encargado de la torre de vigilancia número dos, así como entre cinco y siete funcionarios penitenciarios, incluidos el director y el jefe de seguridad del penal.
La investigación reveló que el funcionario responsable del control perimetral no se encontraba en su puesto al momento de la fuga, facilitando la evasión sin resistencia. El Ministerio Público realizó un registro exhaustivo de la celda, las áreas de control y los accesos, identificando indicios de responsabilidad en el personal de turno.
Aunque Chonchocoro ha sido considerado uno de los recintos penitenciarios más seguros del país, no está exento de incidentes violentos y fallas internas. En meses recientes, se desarticuló un grupo de internos dedicados a extorsionar y amedrentar a otros reclusos, y en 2023 se registró un asesinato con signos de violencia dentro del penal. Desde su fundación, la cárcel había registrado solo una fuga, hasta este evento.
Tras confirmarse la evasión, las autoridades activaron el Plan Z, desplegando unidades operativas e inteligencia en diversas zonas urbanas y rutas interdepartamentales, además de reforzar los controles fronterizos, especialmente en Desaguadero, ante la posibilidad de que los prófugos intenten salir del país. El operativo fue declarado de máxima prioridad por las autoridades de seguridad penitenciaria.
Este incidente pone en evidencia un problema mayor: la infiltración y operación de organizaciones criminales transnacionales dentro del sistema penitenciario nacional, así como la capacidad de estas redes para corromper a funcionarios y mantener su influencia incluso en recintos catalogados como de máxima seguridad
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