Policía aprehende en Santa Cruz a exgerente de B-Agro por desfalco de Bs 500 millones

Ramiro Villarpando Camargo, quien desempeñó el cargo de gerente ejecutivo de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025, ha sido objeto de múltiples denuncias relacionadas con presuntos malos manejos administrativos y financieros durante su gestión. Estas denuncias, que suman al menos tres, dieron pie a investigaciones oficiales iniciadas en septiembre de 2025, momento en el que se comenzó a indagar con mayor profundidad sobre las irregularidades detectadas en la administración de la empresa estatal.

El miércoles más reciente, Villarpando fue aprehendido en el contexto de una nueva denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, institución que actualmente lleva adelante el proceso investigativo. El daño económico atribuido a las acciones bajo su dirección se estima en alrededor de 500 millones de bolivianos, cifra que refleja la magnitud del perjuicio financiero ocasionado al Estado a través de supuestas conductas ilícitas cometidas durante su gestión.

La aprehensión ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas cuando Villarpando arribó a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. Para este procedimiento fue trasladado desde Cochabamba, ciudad donde residía hasta ese momento. La orden formal señala que debe asumir conocimiento y ejercer su defensa material frente a la investigación penal seguida por el Ministerio Público, en la cual se le imputa junto a otros involucrados los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Cabe destacar que las investigaciones sobre Villarpando ya estaban en curso desde principios del año 2025, coincidiendo con la asunción de Yamil Flores al frente del Ministerio de Desarrollo Rural. Fue bajo esta administración que se decidió profundizar los procesos tras la realización de auditorías internas que evidenciaron posibles irregularidades. Sin embargo, cabe mencionar que ya en septiembre del mismo año un diputado había presentado una denuncia formal contra Villarpando y otras autoridades vinculadas al Ministerio de Desarrollo Productivo. A pesar del tiempo transcurrido desde esa primera denuncia, el caso no mostró avances significativos hasta ahora.

La insistencia del Ministerio en retomar y fortalecer la investigación permitió descubrir nuevas anomalías relacionadas con adquisiciones realizadas por B-Agro. Entre estas irregularidades figuran compras millonarias de equipos, maquinaria y otros bienes que nunca llegaron a ser utilizados para los fines para los cuales fueron adquiridos, lo que genera dudas sobre la correcta administración y destino de los recursos estatales asignados.

La Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria fue creada mediante el decreto 4701 promulgado por el gobierno encabezado por Luis Arce en abril de 2022. El patrimonio inicial asignado ascendió a 140 millones de bolivianos con el propósito fundamental de adquirir semillas y garantizar espacios adecuados para el almacenamiento de productos agropecuarios. Su misión principal estaba orientada hacia la seguridad alimentaria nacional mediante apoyo directo al sector productivo.

No obstante, las inspecciones realizadas por autoridades legislativas revelaron una realidad muy distinta a lo planteado inicialmente. El diputado Héctor Arce visitó algunas propiedades adquiridas por B-Agro y constató que muchas eran obras inconclusas o inexistentes, calificadas como “fantasmas”. Asimismo, señaló irregularidades respecto a la comercialización de semillas adquiridas por la empresa estatal: estas fueron revendidas directamente a productores locales sin ningún tipo de rendición formal ni transparencia en los procesos contables.

Los casos abiertos contra Villarpando abarcan distintos aspectos relacionados con su gestión. Destacan investigaciones por uso indebido o malversación vinculadas al manejo de agroquímicos; otro caso relacionado con “semilla de urea” donde se identifica incumplimiento en deberes administrativos y conducta antieconómica; además del expediente conocido como “urea”, que también incluye acusaciones por falsedad material junto con los otros delitos mencionados.

Estas denuncias reflejan un entramado complejo donde presuntas malas prácticas administrativas habrían comprometido recursos públicos significativos destinados al desarrollo agropecuario nacional. La situación pone en evidencia problemas graves relacionados con la fiscalización y control interno dentro del sector público, así como la necesidad imperativa de transparentar procesos para evitar perjuicios económicos mayores.

La aprehensión reciente marca un avance importante dentro del proceso judicial iniciado para esclarecer responsabilidades y sancionar eventuales actos ilícitos cometidos durante el período en que Villarpando estuvo al frente de B-Agro. La expectativa es que este caso sirva también como precedente para fortalecer mecanismos institucionales orientados a proteger los recursos estatales destinados al desarrollo productivo y asegurar una gestión pública eficiente y ética