PDC y Libre acuerdan ajustes económicos urgentes buscando consenso político

Bolivia se encamina a una segunda vuelta presidencial en un contexto económico de alta fragilidad. La nación enfrenta una inflación acumulada significativa, un descenso preocupante en sus reservas internacionales y una creciente dependencia de la importación de hidrocarburos. Los datos recientes revelan una inflación acumulada del 18.1% entre enero y agosto, mientras que las reservas internacionales han disminuido a un mínimo histórico de 2.881 millones de dólares. Esta situación subraya la urgencia de las propuestas económicas de las fuerzas políticas en contienda.

Los partidos que compiten en esta ronda decisiva proponen ajustes económicos y medidas de alto impacto. Sin embargo, la implementación de estas iniciativas requerirá un amplio consenso político, dado que ninguna de las fuerzas en contienda posee una mayoría legislativa que garantice su aprobación. Analistas económicos han subrayado que la resolución de la actual coyuntura no es meramente técnica, sino fundamentalmente política. Se ha enfatizado la necesidad de que los equipos económicos busquen puntos de convergencia y elaboren soluciones intermedias. La viabilidad de cualquier plan de ajuste, por bien diseñado que esté, dependerá de la capacidad del próximo gobierno para forjar acuerdos de gobernabilidad tanto en el parlamento como en la sociedad civil, especialmente porque muchas decisiones de política pública requieren aprobación legislativa.

Recientemente, un foro de discusión sobre el futuro económico del país reunió a los asesores de las dos principales candidaturas presidenciales, ofreciendo un espacio para contrastar visiones y propuestas. En este encuentro, se reconoció que la crisis actual es multifacética y que su superación demandará un proceso prolongado, haciendo hincapié en la importancia de una comunicación clara para evitar expectativas irrealistas una vez que el nuevo gobierno asuma sus funciones. Entre las coincidencias identificadas por expertos, figuran la necesidad imperante de reducir el déficit público, flexibilizar el tipo de cambio y disminuir la dependencia del Banco Central.

Las propuestas de ambas formaciones políticas, que incluyen la eliminación de subsidios, la aprobación de créditos externos y reformas presupuestarias, están supeditadas al aval de la Asamblea Legislativa. Sin este respaldo, las denominadas medidas de shock difícilmente trascenderán el ámbito de la planificación.

La economía boliviana se encuentra bajo una de las mayores presiones inflacionarias de las últimas décadas. La lucha contra la escalada de precios, que ha visto un incremento interanual del 24.2% y un alarmante 36.7% en el costo de los alimentos, se ha convertido en un eje central de la campaña electoral.

Desde una de las candidaturas, se identifican el desorden cambiario, el déficit fiscal y la baja productividad como los principales factores críticos. Se plantea la unificación del tipo de cambio, una reducción del gasto público equivalente al 1.8% del PIB mediante la supresión de subsidios y partidas consideradas superfluas, la reorientación de recursos hacia el crédito productivo y la desregulación del mercado para estimular la producción y contener los precios. En cuanto al tipo de cambio, se aboga por un esquema flexible, con intervención del Banco Central limitada a mitigar la volatilidad. La recuperación de los depósitos en dólares se plantea como un proceso escalonado, priorizando la estabilización económica antes de buscar nuevos endeudamientos.

La otra fuerza política atribuye la inflación a la emisión monetaria del Banco Central para financiar el déficit, la escasez de divisas y la compra de oro con fondos emitidos. Su estrategia incluye la restauración de la confianza en el sistema financiero a través de la devolución progresiva de depósitos en dólares y la consecución de un paquete de financiamiento externo estimado en 12.000 millones de dólares, con el apoyo de organismos multilaterales. Este enfoque propone mantener el tipo de cambio como un ancla para controlar la inflación. Se estima que la devolución de los dólares retenidos podría completarse en aproximadamente tres meses con el respaldo de créditos internacionales. Ambas candidaturas apuestan por el desembolso pendiente de créditos externos como parte fundamental de sus planes.

La drástica caída de las reservas internacionales, que pasaron de 15.000 millones de dólares en 2014 a los 2.881 millones actuales, ha impactado directamente en la capacidad del país para importar bienes esenciales, incluyendo medicamentos e insumos. Mientras una de las propuestas vincula la disponibilidad de divisas a la herencia del gobierno saliente y a los acuerdos con organismos internacionales, la otra sugiere reducir la demanda de divisas mediante operaciones de swap garantizadas, buscando evitar el endeudamiento tradicional.

Analistas políticos han señalado que esta segunda vuelta se produce en un momento de particular criticidad. Las visiones sobre el rol del Estado también difieren: una de las candidaturas promueve una reducción del tamaño estatal, el fomento de un capitalismo inclusivo, la creación de redes de protección social y el desarrollo del aparato productivo. La otra apuesta por el apoyo a las empresas, inversiones intensivas en mano de obra, transferencias directas y reformas en los sectores de educación y salud.

La crisis energética emerge como uno de los desafíos más apremiantes para la próxima administración. Expertos han indicado que, a pesar de una renta petrolera considerable en 2024, solo una fracción mínima de esos ingresos llega a las empresas, desincentivando la inversión en el sector. En la última década, la producción de hidrocarburos líquidos ha experimentado una caída del 62%, llevando al país a importar el 90% del diésel y el 58% de la gasolina que consume. La producción de gas natural también ha disminuido en un 54%, con proyecciones que sugieren que para 2026 Bolivia podría convertirse en importador de GLP, con un aumento significativo en el costo por garrafa, y para 2028, incluso un importador neto de gas natural.

Ante este panorama, una de las plataformas políticas propone una nueva Ley de Hidrocarburos, el pago de precios más competitivos a los productores locales, la importación de petróleo crudo en lugar de combustibles refinados y la promoción de energías renovables como la solar, pequeñas centrales hidroeléctricas y turbinas adicionales, bajo un marco regulatorio claro y una reforma de la ley de energía para atraer inversión privada. La otra candidatura plantea la reforma de los subsidios, el impulso a los biocombustibles, la eliminación de barreras regulatorias y la apertura del mercado eléctrico a la inversión privada mediante ajustes legales y alianzas público-privadas.

Se advierte que, sin un ajuste en el precio del gas, las inversiones en energías renovables seguirán siendo limitadas. Además, a partir de 2027, la economía operará con una reducción significativa en los ingresos anuales por exportaciones de hidrocarburos, proyectándose menos de 1.200 millones de dólares. En definitiva, el país se enfrenta a un futuro energético incierto, donde el debate ha evolucionado de la distribución de la renta a la gestión eficiente de los recursos menguantes y la transición hacia un modelo más sostenible