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El presidente Rodrigo Paz Pereira ha implementado una reducción del 12% en el tamaño del consejo de ministros mediante la fusión de varias carteras, centralizando responsabilidades en el ámbito productivo. Esta reestructuración también contempla la eliminación de 587 puestos dentro de la burocracia central.
Estas modificaciones fueron oficializadas a través del Decreto Supremo 5488, emitido el 16 de noviembre y publicado recientemente en la Gaceta Oficial. En este marco, el número de ministerios se disminuye de 17 a 15 como parte de una reingeniería estatal en curso.
Según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, el objetivo principal de estos cambios es optimizar la gestión pública, superar la ineficiencia administrativa y aplicar una política de austeridad estricta, dado el delicado estado financiero que enfrenta el gobierno. La autoridad enfatizó la necesidad de cumplir metas con recursos limitados, siempre bajo un enfoque orientado al servicio público.
La transformación más destacada consiste en la creación de dos ministerios “súper” que integran competencias dispersas anteriormente. El nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua resulta de la fusión de las antiguas carteras de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, y parte de Medio Ambiente y Agua. Esta cartera concentrará la gestión agropecuaria integral junto con la administración de los recursos hídricos.
Por otra parte, las responsabilidades de Planificación del Desarrollo se unifican con Medio Ambiente para formar el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Además, la antigua cartera de Culturas se transforma en el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, con un enfoque renovado.
Aunque varias carteras estratégicas, como Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, permanecen sin cambios, la reestructuración sigue adelante con la reducción de personal. El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, indicó que se eliminarán 587 cargos, muchos de los cuales considera innecesarios, y que estos ajustes se coordinarán para que los ahorros impacten en el Presupuesto General del Estado para 2026, que será reformulado.
Un ejemplo destacado de esta racionalización es la reducción de varios viceministerios a direcciones generales. En particular, el Viceministerio de Comunicación se suprime y sus funciones se integran en el Viceministerio de Gestión Pública, con un enfoque en la comunicación institucional.
El presidente Paz Pereira asumió su cargo el 9 de noviembre, inicialmente con la estructura ministerial establecida en un decreto previo. Ahora, con la vigencia del Decreto 5488, comienza la reestructuración formal del Órgano Ejecutivo, que deberá ser respaldada posteriormente por una ley. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que este proceso es solo el inicio de un proyecto más amplio, que incluye la propuesta de una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), la primera actualización en dos décadas desde la última en 2006.
El consejo de ministros, tras la aplicación de esta reforma, está compuesto por los siguientes titulares:
– Fernando Hugo Aramayo Carrasco: Relaciones Exteriores.
– José Luis Lupo Flores: Presidencia.
– Marco Antonio Oviedo Huerta: Gobierno.
– Raúl Marcelo Salinas Gamarra: Defensa.
– José Gabriel Espinoza Yáñez: Economía y Finanzas Públicas.
– Sergio Mauricio Medinacelli Monrroy: Hidrocarburos y Energías.
– Mauricio Zamora Liebers: Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
– Freddy Alejandro Vidovic Falch: Justicia y Transparencia Institucional.
– Edgar Morales Mamani: Trabajo, Empleo y Previsión Social.
– Marcela Tatiana Flores Zambrana: Salud y Deportes.
– Beatriz Elena García de Acha: Educación.
– Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla: Minería y Metalurgia.
– Oscar Mario Justiniano Pinto: Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
– Cinthya Martha Yáñez Eid: Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.
– El cargo de ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente permanece pendiente de designación.
Con esta reestructuración, el gobierno busca una administración más eficiente, con un enfoque en la integración de funciones y la reducción de costos operativos, alineándose con las limitaciones presupuestarias actuales y la necesidad de modernizar la estructura estatal
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