Paz anuncia Gobierno del Futuro Verde compromiso con la sostenibilidad ambiental

La nueva administración boliviana, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira, ha delineado una ambiciosa visión para el futuro del país, centrada en la armonización del progreso económico con la preservación ambiental. Durante su reciente toma de posesión, el mandatario presentó lo que denominó el Gobierno del futuro verde, una propuesta que busca integrar la innovación, la ciencia y la tecnología con una profunda conciencia ecológica.

El compromiso es categórico: la protección de los ecosistemas fluviales, los vastos bosques y los vitales glaciares del país se erige como un pilar fundamental. Se enfatizó que el desarrollo económico no debe ser antagónico al respeto por el medio ambiente, sino que ambos deben avanzar de manera conjunta. Este pronunciamiento, recibido con aprobación por diversas autoridades, representantes diplomáticos y organizaciones civiles, marca un giro discursivo y político frente a décadas de tensiones entre el crecimiento extractivista y la conservación de los recursos naturales.

Esta postura también proyecta una renovada presencia internacional para Bolivia, buscando una alineación digna con las agendas globales de sostenibilidad y redefiniendo el papel de la nación en el concierto mundial.

La plataforma política que llevó a Paz Pereira al poder, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya había articulado en su plan de gobierno una sección dedicada a la protección ambiental y la gestión responsable de los recursos hídricos. Este marco programático abarca una serie de estrategias clave, incluyendo la gestión integral y sostenible de la biodiversidad, la conservación de cuencas hidrográficas y la implementación de medidas robustas para la prevención y el control de incendios forestales. Este último punto adquiere particular relevancia tras la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques durante el año 2024, afectando principalmente a la región de Santa Cruz y la Amazonía boliviana.

Adicionalmente, el plan contempla la erradicación de la minería ilegal y la protección de áreas naturales, junto con el fortalecimiento del marco normativo y la gobernanza ambiental, aspectos críticos en zonas donde la autoridad estatal ha sido desafiada por actividades ilícitas. La promoción de la educación ambiental y el fomento de una cultura de responsabilidad ciudadana constituyen otra vertiente esencial. Finalmente, se plantea la abrogación de leyes previas que, al facilitar prácticas como el chaqueo y el uso indiscriminado del fuego para la expansión agrícola, contribuyeron a la degradación ecológica