Orden de aprehensión contra ministro de Obras Públicas en Bolivia por caso laboral con extrabajadores de Sabsa

La decisión judicial que ha sacudido al ámbito laboral y político boliviano.

El juzgado de Yapacaní ha emitido una orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Edgar Montaño, en relación con un litigio laboral con extrabajadores de Sabsa, generando controversia y preocupación en el país.

El juzgado Público Civil, Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, en Santa Cruz, ha emitido una orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en relación con un caso derivado de un proceso laboral iniciado por los extrabajadores de Sabsa. Esta decisión judicial ha generado un revuelo en la opinión pública y en el ámbito político, ya que implica una situación delicada y de gran repercusión en el sector laboral y gubernamental.

La orden de aprehensión, que se encuentra en vigor y está prevista para ser entregada a las autoridades policiales para su cumplimiento este martes, ha sido confirmada por Alfredo Chávez, representante de los aproximadamente 300 extrabajadores afectados por esta situación. En declaraciones a la red UNITEL, Chávez explicó que el grupo de extrabajadores asciende a más de 300 personas y que la deuda pendiente asciende a la suma de 55 millones de bolivianos, lo que representa una cantidad significativa y crucial para el bienestar económico de estos individuos.

Por otra parte, José Antonio Mozza, abogado que representa a los extrabajadores de Sabsa, reveló que este litigio tiene sus raíces en un conflicto que se remonta 14 años atrás, cuando tuvo lugar el proceso de nacionalización y el Estado boliviano desembolsó una cantidad de 23 millones de dólares a la empresa española Abertis. Mozza argumentó que, de acuerdo con el decreto supremo 1494 y su artículo 5, este pasivo forma parte del precio acordado en la transacción, por lo que no implicaría un gasto adicional para el Estado, sino más bien un ajuste de cuentas que ya había sido previsto en el acuerdo original.

Ante la controversia desatada por esta orden de aprehensión, se intentó obtener la versión del ministro Edgar Montaño respecto a este mandato judicial, pero hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de información. La falta de pronunciamiento por parte del ministro ha generado incertidumbre en torno a cómo se resolverá esta situación legal y cuáles serán las implicaciones para su cargo y su reputación en el contexto político actual.

Cabe mencionar que este no es el único caso polémico relacionado con Sabsa, ya que en 2022 el Gobierno llevó a cabo la desvinculación de 600 empleados en el marco del cierre de la empresa. Esta medida fue seguida por la creación de la empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), como parte de las reformas implementadas por el Gobierno de Luis Arce en el sector aeronáutico del país.

En resumen, la orden de aprehensión emitida contra el ministro Montaño en el contexto del litigio con los extrabajadores de Sabsa plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de obligaciones laborales, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. La resolución de este caso tendrá implicaciones importantes tanto a nivel legal como político, y se espera que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y promueva la justicia y la equidad en el ámbito laboral en Bolivia.

La orden de aprehensión contra el ministro Montaño plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad estatal en obligaciones laborales y la transparencia en la gestión de recursos públicos, con implicaciones legales y políticas significativas en Bolivia.