Oposición uruguaya exige cumplimiento estricto de arraigo para autoridades salientes

La legislación nacional, aprobada en 2022, impone una medida de permanencia obligatoria en el territorio para las autoridades jerárquicas que concluyen su mandato. Esta disposición exige que permanezcan en el país por un lapso no menor a tres meses.

La normativa abarca a un amplio espectro de altos funcionarios públicos, desde el Presidente y Vicepresidente hasta ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y concejales. También incluye a quienes han gestionado recursos estatales o dirigido empresas públicas. La relevancia de esta medida se ha acentuado recientemente, ante la inminencia de cambios en el gabinete ministerial.

Para la correcta aplicación de esta disposición, se prevé que la Contraloría General del Estado elabore y envíe un listado de las autoridades que cesan en sus funciones a la Dirección General de Migración. Este paso es crucial para asegurar que la restricción de salida del país se haga efectiva durante el periodo estipulado.

Durante este periodo de tres meses, las nuevas administraciones tienen la oportunidad de realizar una exhaustiva revisión de la documentación y la gestión de sus predecesores. El objetivo principal es garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la Contraloría General del Estado realice auditorías y, si se identifican posibles hechos de corrupción o incumplimientos legales, se active la intervención del Ministerio Público.

La finalidad última de esta medida es salvaguardar la integridad de la administración pública y evitar que los funcionarios que han manejado fondos y bienes del Estado puedan evadir cualquier proceso de fiscalización o investigación al dejar sus cargos. Se busca, así, fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana en la gestión pública, aplicando esta normativa incluso a las autoridades designadas