La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la quebrada Cabeza de Toro, prevista para iniciar en 2024, enfrenta serios o
La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la quebrada Cabeza de Toro, prevista para iniciar en 2024, enfrenta serios obstáculos a pesar de contar con los terrenos necesarios. El proyecto, que se estima costará alrededor de 270 millones de bolivianos, ha sido objeto de promesas políticas desde 2015, pero aún no ha avanzado de manera significativa.
Recientemente, la destitución de Alan Lisperguer Rosales, exministro de Medio Ambiente y Agua, debido a acusaciones de corrupción, ha generado preocupación entre las autoridades y líderes comunitarios de Tarija. Existe un temor latente de que esta situación interna afecte la coordinación necesaria para llevar a cabo la PTAR, un compromiso que había sido respaldado por la administración anterior.
La necesidad de esta planta se ha vuelto urgente, dado el deterioro del río Guadalquivir, que sufre la contaminación de aguas residuales provenientes de varios barrios de la ciudad. Los residentes del barrio San Luis, en particular, han expresado su frustración ante los olores que emanan de las lagunas de oxidación, las cuales han colapsado como resultado del crecimiento urbano desmedido.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, ha manifestado su descontento con la situación actual y ha recordado que, a pesar de las promesas reiteradas por los presidentes Evo Morales y Luis Arce, la planta sigue siendo una asignatura pendiente. Torres ha señalado que la Alcaldía ha cumplido con la adquisición de 20 hectáreas para la nueva planta y ha instado al Gobierno a confirmar el crédito necesario para iniciar la obra.
La destitución de Lisperguer, quien había sido designado para trabajar en la ejecución de la PTAR, ha dejado un vacío en la gestión del proyecto. Actualmente, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se encuentra al frente de manera interina, y las expectativas sobre el futuro de la planta permanecen inciertas.
Durante un evento con motivo del 55 aniversario de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), su presidente, Celestino Barro, enfatizó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para resolver los problemas que enfrenta la comunidad. En este sentido, en abril de 2024, el Gobierno Nacional había reiterado su compromiso de asumir los costos de diseño y operación de la PTAR, lo que generó esperanzas sobre su pronta implementación.
En un paso positivo, en julio de 2024, el alcalde Torres firmó el formulario de socialización final requerido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, completando así los trámites necesarios para acelerar el financiamiento del proyecto. Gracias a ajustes realizados, el costo estimado de la obra se redujo de 560 millones a 280 millones de bolivianos, lo que deja a la espera la confirmación de los recursos por parte del Gobierno para iniciar la construcción de la planta
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