Municipio de Tarija revela que 40 por ciento de taxis no tributan en la ciudad

En la ciudad de Tarija, la regulación y el control del transporte público, especialmente el servicio de taxis, enfrentan serias dificultades que afectan tanto a los usuarios como a las autoridades municipales encargadas de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las tarifas establecidas. La concejal municipal Adriana Romero Ugarte ha destacado que, pese a la existencia de ordenanzas vigentes desde 2013 para regular las tarifas del transporte público, la supervisión efectiva se ha visto comprometida en los últimos meses por diversas problemáticas vinculadas al sector transportista.

Una de las principales complicaciones señaladas es la resistencia y justificación por parte de los choferes, quienes argumentan que los costos operativos han aumentado considerablemente debido al alza en los precios de los combustibles. En particular, los micros utilizan principalmente gasolina y diésel, cuyos valores han crecido recientemente, lo que según los conductores dificulta mantener una tarifa fija y adecuada. En cuanto a los taxis, aunque la mayoría funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV), este también ha experimentado un incremento en su precio, lo que repercute directamente en la estructura tarifaria del servicio.

Frente a este escenario, la concejal Romero ha instado a la Alcaldía a desarrollar e implementar mecanismos más efectivos para fortalecer la fiscalización del sector. Entre las propuestas planteadas destaca la creación de un canal directo mediante un número específico de WhatsApp para que los usuarios puedan reportar cobros indebidos o irregularidades en el servicio. Esta herramienta permitiría a los ciudadanos enviar denuncias acompañadas de fotografías o datos precisos como las placas del vehículo involucrado, facilitando así su identificación y posterior seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Además, se propuso que estas denuncias sean canalizadas desde el departamento de Movilidad Urbana hacia la Dirección de Ingresos municipal para que se proceda con las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Este sistema busca no solo mejorar la respuesta institucional ante reclamos ciudadanos sino también incrementar la percepción de control y transparencia en el servicio público.

Un aspecto crítico que agrava el problema es la irregularidad en el registro de vehículos que prestan servicio como taxis dentro del municipio. Según un informe citado por Romero, aproximadamente un 40% de estos vehículos no están radicados formalmente en Tarija sino en municipios vecinos. Esta situación supone una doble dificultad: por un lado, implica una evasión tributaria significativa ya que estos vehículos no contribuyen con impuestos locales; por otro lado, obstaculiza la aplicación efectiva de sanciones ya que al estar registrados en otros municipios, su control queda fuera del alcance directo del Concejo Municipal tarijeño.

Para contrarrestar esta problemática, el Concejo Municipal aprobó en 2024 una ley denominada “de radicatoria”, que obliga a todos los vehículos destinados al transporte público dentro del municipio a registrarse y tributar localmente. La normativa contempla incluso medidas severas como el decomiso de placas para aquellos conductores o empresas que incumplan con esta disposición. Esta iniciativa busca asegurar una mayor formalidad y control sobre el parque automotor involucrado en el servicio público dentro del territorio municipal.

No obstante, algunos conductores justifican su situación alegando que provienen de municipios cercanos como San Lorenzo o Bermejo y realizan trayectos frecuentes hacia Tarija capital. Sin embargo, desde la concejalía se enfatiza que si estos vehículos operan habitualmente dentro de la ciudad deben ajustarse a las normas locales y registrarse formalmente; caso contrario deberían limitar sus operaciones exclusivamente a sus municipios originarios. Esta postura apunta a evitar competencia desleal y garantizar equidad entre todos los prestadores del servicio.

Otro desafío significativo identificado es la insuficiencia del personal destinado a realizar operativos de control en puntos estratégicos distribuidos por toda la ciudad. Actualmente, según explicó Romero, el equipo operativo de Movilidad Urbana es reducido y no logra cubrir todas las zonas donde se brinda el servicio. Esto facilita que algunos conductores evadan inspecciones o cobren tarifas irregulares sin consecuencias inmediatas. Por ejemplo, espacios claves como la rotonda San Martín o el barrio El Tejar cuentan solo con tres funcionarios encargados del control vial y tarifario, cifra insuficiente para abarcar toda la demanda existente.

Ante esta realidad, se recomienda aumentar el número de agentes operativos dedicados exclusivamente a tareas de fiscalización en terreno. Especial atención debería darse a áreas con mayor flujo vehicular o conflicto tarifario como la circunvalación o la rotonda del Mercado Campesino. Incrementar esta capacidad permitiría mejorar no solo el cumplimiento normativo sino también brindar mayor seguridad y confianza a los usuarios.

Adicionalmente, las limitaciones financieras del municipio constituyen un factor clave que restringe las acciones posibles para fortalecer estas áreas operativas. La actual gestión municipal enfrenta aún obligaciones económicas pendientes heredadas por aproximadamente 300 millones de bolivianos provenientes de administraciones anteriores. Esta carga financiera reduce significativamente los recursos disponibles para invertir en nuevos proyectos o ampliar equipos humanos destinados al control del transporte público.

Finalmente, cabe resaltar que existe una iniciativa municipal denominada “Taxi Seguro” aprobada recientemente mediante ley local. Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema digitalizado para mejorar sustancialmente el monitoreo y regulación del transporte público mediante tecnologías especializadas. Sin embargo, su puesta en marcha demanda aún varias etapas previas complejas como el desarrollo e implementación del software necesario, habilitación tecnológica adecuada y contratación específica de personal capacitado para gestionar esta plataforma.

En síntesis, más allá del incremento numérico en funcionarios administrativos o técnicos dedicados al área digitalizada, se destaca enfáticamente la necesidad urgente de contar con personal operativo capacitado presente físicamente en las calles realizando controles constantes e inmediatos sobre tarifas y calidad del servicio taxi en Tarija. Solo así será posible avanzar hacia una regulación efectiva que beneficie tanto a usuarios como a operadores respetuosos dentro del marco legal vigente