El ministro boliviano critica fuertemente a la jueza por anular la orden de aprehensión contra Evo Morales, generando polémica y controversia en el país.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, critica fuertemente a la jueza Lilian Moreno Cuéllar por su decisión de anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un caso de presunta trata de personas.
El ministro Eduardo Del Castillo no dudó en calificar la decisión de la jueza como una “payasada”, destacando que podría constituir un delito de desobediencia a resoluciones judiciales. La polémica resolución ha generado gran controversia en el país y ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y el poder judicial.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, arremetió con dureza contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar tras la polémica decisión de anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en el caso de presunta trata de personas con agravante. Del Castillo no titubeó al calificar el fallo como una “payasada”, subrayando que esta acción podría constituir un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, penado con hasta seis años de prisión de acuerdo al Código Penal boliviano.
En una declaración pública, el ministro manifestó su profundo desacuerdo con la resolución judicial, instando a que se imponga una sanción ejemplar a la jueza Moreno por lo que considera un acto que desatiende la justicia en favor de las víctimas de presunta violación.
La decisión judicial, que dejó sin efecto la orden de captura contra Morales y detuvo temporalmente la investigación, ha generado gran controversia al ordenar que el proceso se traslade desde La Paz hasta Cochabamba, desoyendo una resolución previa que indicaba que el caso debía ser llevado a cabo en Tarija. Del Castillo expresó su preocupación por lo que considera un menoscabo a la justicia y a los derechos de las víctimas, resaltando que la situación requiere una pronta rectificación.
El ministro, además, comunicó que el Gobierno está coordinando acciones con diversas entidades para garantizar la protección de las víctimas implicadas en el caso, reafirmando que la resolución emitida en Santa Cruz es, a su parecer, “nula de pleno derecho”. La disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial promete prolongarse en el tiempo, mientras la opinión pública sigue de cerca el desenlace de este conflicto legal de alta relevancia en Bolivia.
La disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial en Bolivia parece lejos de resolverse, mientras la opinión pública sigue atenta a las repercusiones de esta decisión judicial. El ministro Del Castillo ha anunciado que el Gobierno tomará medidas para proteger a las víctimas involucradas en el caso.
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