La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vivió una intensa jornada este jueves, que se extendió por más de 12 horas, durante la cual se interpeló a
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vivió una intensa jornada este jueves, que se extendió por más de 12 horas, durante la cual se interpeló al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Convocada por el vicepresidente Edmand Lara, la sesión fue un escenario de debates acalorados y tensiones palpables entre los legisladores.
A pesar del clima adverso y las acusaciones que pesaban sobre él, Medinaceli logró evitar la censura. Según lo estipulado en la Constitución, para que un ministro sea censurado se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes. En este caso, de los 166 miembros de la ALP, se necesitaban 111 votos para destituir al ministro; sin embargo, solo se alcanzaron 58 sufragios a favor de la censura.
Un grupo significativo de 84 legisladores optó por seguir el orden del día puro simple, lo que equivale a aceptar el informe presentado por Medinaceli. La interpelación giró en torno a la controversia sobre la importación de petróleo en 2025 y las acusaciones de sobreprecio en dicho proceso.
Durante su intervención en la VI sesión ordinaria, Medinaceli defendió su gestión y aclaró que su papel dentro del Ministerio no abarca los contratos de compra y venta de petróleo. Aseguró que su responsabilidad se limita a supervisar las entidades bajo su mando y a definir políticas energéticas, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es quien efectúa las operaciones contractuales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) actúa como regulador del sector.
El ministro explicó que los contratos cuestionados tienen su origen en gestiones anteriores y fueron mantenidos en 2025 como parte de un Proceso 1, diseñado para asegurar el abastecimiento de gasolina y diésel en un contexto económico complicado, marcado por una deuda acumulada con proveedores que supera los $us 900 millones. Según Medinaceli, desestimar esos contratos habría acarreado conflictos legales para el Estado. También mencionó que en diciembre de 2025 se inició un Proceso 2, durante el cual no había contratos vigentes hasta febrero de 2026.
La votación fue notablemente fragmentada; los partidos no lograron una alineación clara. Por ejemplo, dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aunque Rodrigo Paz había sido llevado a la presidencia por esa agrupación, los votos se distribuyeron entre quienes apoyaron al ministro y quienes optaron por rechazarlo. Lara comentó que no hubo un voto de confianza ni censura efectiva; simplemente se obtuvo una mayoría simple.
El caso más ilustrativo fue el del partido oficialista, donde aunque muchos legisladores respaldaron a Medinaceli, otros manifestaron su desacuerdo con su informe. Entre ellos estaban los diputados Ricardo Rada y Dionicia Chura, quienes votaron contra la censura; mientras tanto, las legisladoras Sandra Rivero y Diana Romero decidieron apoyar dicha medida.
La situación fue similar en otros partidos como Libre y Unidad Nacional (UN), donde también hubo divisiones marcadas en las decisiones tomadas por sus miembros respecto al futuro del ministro. La diputada Lissa Claros expresó su descontento afirmando que su voto era a favor de la censura hacia un ministro que no había cumplido con sus responsabilidades hacia el país. Por otro lado, figuras como Branko Marinkovic y Ernesto Suárez votaron en contra de la censura desde el partido Libre.
A medida que avanzaba la votación, también se evidenció una notable abstención entre los legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que reflejó aún más la falta de consenso en torno a este tema delicado. A última hora de la madrugada del viernes, Lara cerró la sesión con un claro mensaje: Medinaceli continuaría al frente del Ministerio mientras continuara esta dinámica fragmentada entre los diferentes grupos políticos.
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