Ministerio de Salud destituye a dos funcionarias por corrupción en La Paz

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, anunció este jueves la desvinculación de dos funcionarias que ocupaban cargos de alta responsabilidad en entidades estatales del sector salud, debido a presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión anterior. Las personas afectadas eran directoras generales ejecutivas en dos organismos clave: V.C. en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y M.B. en la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss).

El origen de estas acciones disciplinarias se encuentra en denuncias que señalaron cobros irregulares realizados a funcionarios y postulantes dentro de ambas instituciones. En el caso específico de Aisem, se reportó que a una persona interesada en adjudicarse un proyecto se le exigió un pago para asegurar la asignación del mismo. Por otro lado, en Asuss se detectaron cobros efectuados a empleados con el fin de garantizar su permanencia en los cargos que ocupaban, lo cual representa una práctica contraria a los principios éticos y legales que deben regir la administración pública.

Estos hechos fueron revelados durante una conferencia de prensa ofrecida por la ministra Flores, quien subrayó el compromiso del Ministerio de Salud y Deportes y del Gobierno en su conjunto para combatir cualquier manifestación de corrupción dentro del sector público. La autoridad enfatizó que no se tolerarán irregularidades y que se brindará toda la información necesaria para facilitar las investigaciones correspondientes.

Las pesquisas preliminares realizadas hasta el momento han permitido identificar montos variables relacionados con estas supuestas exigencias económicas. En particular, se detectaron cobros mensuales a funcionarios que alcanzaban hasta 1.000 bolivianos durante varios meses consecutivos —enero, marzo y abril— del periodo anterior. Además, respecto a la licitación vinculada con Aisem, se informó que mediante mensajes por chat y códigos QR se solicitó un 10% del valor total de un proyecto como condición para su adjudicación.

Frente a esta situación, la denuncia formal ya fue presentada ante el Ministerio Público para iniciar las investigaciones legales pertinentes y determinar las responsabilidades correspondientes. La ministra Flores dejó claro que estas acciones buscan garantizar transparencia y justicia dentro del sistema público, además de enviar un mensaje contundente contra cualquier práctica corrupta.

Cabe destacar que las funcionarias afectadas provenían de la administración anterior encabezada por el expresidente Luis Arce. Tras conocerse las denuncias, el presidente Rodrigo Paz instruyó su remoción inmediata como parte del proceso para limpiar las instituciones involucradas y restablecer la confianza ciudadana en ellas. No obstante, según explicó Flores, aún no se ha designado a nuevas autoridades debido a que continúan analizando los pasos a seguir respecto al futuro organizativo y funcional de ambas entidades.

Este caso cobra relevancia no solo por la naturaleza grave de los hechos denunciados sino también por su impacto directo sobre los recursos destinados al sistema público de salud y seguridad social. Las irregularidades detectadas afectan tanto la gestión eficiente como el acceso justo a servicios fundamentales para la población. Por ello, las medidas adoptadas buscan fortalecer los mecanismos internos para prevenir actos similares en el futuro e impulsar una cultura institucional basada en la integridad.

En definitiva, esta situación refleja desafíos persistentes en el manejo administrativo del sector público boliviano y subraya la importancia del control riguroso sobre quienes ejercen cargos públicos estratégicos. La respuesta gubernamental apunta hacia una política firme contra la corrupción como pilar esencial para mejorar la calidad institucional y proteger los derechos ciudadanos vinculados al bienestar social