El municipio de Tipuani, en la provincia Larecaja del norte paceño, ha sido el escenario de una reciente catástrofe natural que dejó a más de 250 fami
El municipio de Tipuani, en la provincia Larecaja del norte paceño, ha sido el escenario de una reciente catástrofe natural que dejó a más de 250 familias damnificadas. La inundación, producto del desborde del río Tipuani tras intensas precipitaciones el pasado fin de semana, ha puesto de manifiesto una problemática más profunda vinculada a la actividad extractiva en la región.
Altas autoridades gubernamentales han señalado directamente a las cooperativas mineras que operan en la zona como el factor determinante en la magnitud del desastre. Se ha enfatizado que la causa fundamental de esta calamidad radica en las prácticas extractivas que se llevan a cabo en el área, haciendo un llamado urgente a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que intervengan y frenen la degradación ambiental y el movimiento de tierras en los lechos fluviales.
La situación se perfila como una amenaza creciente, dado que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa un incremento sostenido de lluvias en el norte paceño. Esta proyección eleva la preocupación por el potencial agravamiento de los daños en áreas donde la minería aurífera ha alterado significativamente el cauce natural de los ríos y ha comprometido la estabilidad de los suelos debido a la sobreexplotación. Expertos advierten que Tipuani y las poblaciones aledañas se encuentran en una situación de alto riesgo, donde la inacción podría desencadenar desastres de proporciones aún mayores.
La remoción masiva de tierras por parte de las cooperativas, sumada a la deforestación de las riberas y la construcción de diques de manera precaria, ha transformado los ríos en sistemas inestables, altamente susceptibles a desbordes súbitos. Esta vulnerabilidad deja a miles de residentes sin defensivos naturales ni infraestructuras de mitigación efectivas.
En este contexto, se ha cuestionado la gestión del alcalde de Tipuani, Fernando Vera, a quien se le reprocha priorizar intereses corporativos por encima de la seguridad de sus conciudadanos. La falta de una declaratoria de emergencia o desastre municipal por parte de la administración local ha sido un obstáculo crucial, impidiendo que Defensa Civil pueda desplegar la ayuda humanitaria, maquinaria y asistencia técnica necesarias para las familias afectadas, quienes permanecen desprotegidas. Aunque el alcalde no ha respondido a estas críticas gubernamentales, previamente solicitó apoyo para la zona.
Este episodio en Tipuani subraya una deficiencia estructural más amplia: la limitada capacidad institucional del departamento de La Paz para responder a las emergencias ambientales derivadas de la minería aurífera sin control. Comunidades mineras en el norte paceño, como Guanay, Mapiri y Teoponte, enfrentan desafíos similares, caracterizados por infraestructuras viales deterioradas, la ausencia de sistemas de alerta temprana, la falta de planes de contingencia y recursos municipales insuficientes.
El Gobierno central ha instado a las autoridades locales y a las instituciones mineras a asumir responsabilidades concretas. Se ha reiterado que el nivel de movimiento de tierras en la región es alarmante, y sin un control y regulación adecuados, los futuros eventos podrían resultar catastróficos. Sin embargo, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha manifestado que el departamento carece del diésel necesario para activar la ayuda en Tipuani, lo que añade una capa de complejidad a la respuesta de emergencia
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