Medrano advierte que Jhonny no podrá gestionar desde Palmasola y espera notificación

La detención preventiva del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ha generado una situación inédita y compleja en la administración municipal, que se encuentra a menos de un mes de la elección de nuevas autoridades locales. La medida judicial, que ordena que Fernández permanezca recluido en Palmasola durante 100 días mientras se desarrollan las investigaciones en su contra, ha puesto en jaque la continuidad y gestión del municipio, provocando una reacción inmediata por parte del Concejo Municipal.

Juan Carlos Medrano, presidente del Concejo Municipal, expresó su preocupación ante la imposibilidad práctica de que el alcalde pueda ejercer sus funciones desde la cárcel. Según Medrano, la gestión municipal requiere una constante firma y manejo de información administrativa que no puede realizarse desde un centro penitenciario. Además, recordó que incluso con el alcalde en funciones plenas, ya se había evidenciado dificultad para llevar adelante una gestión eficaz. Esta situación plantea un desafío institucional importante, sobre todo considerando que el municipio está en una etapa crítica debido a la proximidad de los comicios municipales.

Ante este escenario, el Concejo Municipal se prepara para recibir formalmente la notificación judicial sobre la detención preventiva y evaluar conjuntamente con las fuerzas políticas locales los pasos a seguir. Medrano indicó que es necesario actuar conforme a lo establecido por la normativa vigente y adelantó que su posición es clara: debe nombrarse un alcalde interino para garantizar la continuidad administrativa y evitar un vacío de poder durante este periodo crucial. La ley establece que corresponde al Concejo elegir a esta autoridad temporal, aunque también señaló que deberán revisar detalladamente la resolución judicial para adecuar las acciones al marco legal y reglamentario.

Este proceso no solo implica una cuestión administrativa sino también política y social dada la importancia que tiene Santa Cruz como capital cruceña y uno de los municipios más relevantes del país. La transición hacia nuevas autoridades debe prepararse con responsabilidad para asegurar que los servicios públicos y proyectos municipales no se vean afectados por esta coyuntura.

El origen de esta crisis política está vinculado a una denuncia presentada por el exconcejal Manuel Saavedra contra Jhonny Fernández. La acusación se refiere a un presunto caso de corrupción relacionado con trabajos de asfaltado pagados por el municipio pero supuestamente no ejecutados. Entre las pruebas presentadas figura un informe elaborado por la Contraloría General del Estado, entidad encargada de auditar y controlar el uso correcto de los recursos públicos.

Después de ser convocado por la Fiscalía, Fernández acudió voluntariamente a declarar ante las autoridades el martes anterior. Sin embargo, tras su declaración fue aprehendido inmediatamente. La imputación formal contra él fue realizada al día siguiente y este jueves se llevó a cabo la audiencia cautelar donde la juez Alejandra Menacho decidió imponerle detención preventiva en Palmasola mientras continúan las investigaciones ministeriales.

Este caso ha generado gran expectativa entre los ciudadanos y actores políticos locales debido al impacto que puede tener sobre el rumbo administrativo y político del municipio. La decisión judicial marca un precedente importante respecto al combate contra la corrupción en niveles municipales y pone a prueba los mecanismos institucionales para garantizar gobernabilidad en situaciones excepcionales.

En conclusión, Santa Cruz enfrenta ahora un período complejo donde será fundamental garantizar una transición ordenada y responsable para mantener el funcionamiento adecuado del municipio hasta las próximas elecciones. La designación oportuna de una autoridad interina permitirá evitar paralizaciones administrativas mientras se resuelve el proceso judicial contra Fernández. El Concejo Municipal asume así un rol crucial en esta coyuntura para proteger los intereses públicos y asegurar que las instituciones locales sigan operando con normalidad frente a esta contingencia política y judicial