El panorama político en la Asamblea Legislativa Plurinacional experimenta una transformación significativa, marcando el fin de casi dos décadas de pre
El panorama político en la Asamblea Legislativa Plurinacional experimenta una transformación significativa, marcando el fin de casi dos décadas de predominio para el Movimiento Al Socialismo (MAS). En este contexto de transición, dos proyectos de ley cruciales enfrentan un futuro incierto en cuanto a su aprobación: el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026 y la Ley Transitoria para la Selección, Elección y Designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La directiva de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de un representante oficialista, ha programado para la presente semana el análisis de la normativa transitoria del TSE. No obstante, si no se logra el apoyo mayoritario necesario, su ratificación podría posponerse hasta la próxima legislatura. Similar destino podría correr el PGE, cuyo borrador será presentado al Legislativo por el Órgano Ejecutivo antes de que finalice el mes en curso. La agenda semanal de la Cámara Baja contempla un total de 31 puntos, siendo el proyecto de ley sobre la designación de vocales electorales uno de los elementos principales a debatir.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha confirmado la intención del Ejecutivo de remitir la propuesta del PGE reformulado para 2026 a la Asamblea Legislativa antes de concluir octubre. Se ha destacado que esta acción se alinea con el mandato constitucional que establece el 31 de octubre como fecha límite para dicho envío. Cabe recordar que el año anterior, la Asamblea Plurinacional desestimó la aprobación del PGE, lo que llevó a su implementación mediante decreto por parte del Órgano Ejecutivo, con un presupuesto consolidado que superó los 265 mil millones de bolivianos, representando un incremento cercano al 9% respecto al periodo anterior.
En este escenario, se observan posturas divergentes entre las fuerzas políticas respecto a la temporalidad de la aprobación de estas normativas. Desde la bancada del partido en el gobierno, se ha sostenido la necesidad de que los actuales legisladores cumplan con su responsabilidad ante la ciudadanía y avancen en el tratamiento de estas leyes antes de la conclusión de su mandato, permitiendo así una continuidad en los procesos.
Por otro lado, líderes de las bancadas opositoras, como Comunidad Ciudadana y Creemos, argumentan que la legitimidad y la correspondencia con el nuevo gobierno demandan que sean los próximos legisladores quienes aborden estos proyectos cruciales. Desde Comunidad Ciudadana, se ha señalado que la próxima Asamblea, a partir del 8 de noviembre, deberá encarar de manera prioritaria el Presupuesto General del Estado 2026 y la ley de convocatoria para las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Adicionalmente, se ha advertido sobre la posibilidad de que el partido gobernante intente una última maniobra política, cohesionando sus diferentes facciones para aprobar la norma de selección de vocales, buscando influenciar el proceso a través de una mayoría que se considera artificial.
Desde Creemos, se ha enfatizado que la actual gestión legislativa se encuentra en su fase final y que es imperativo garantizar un proceso transparente, idóneo y de calidad en la elección de los vocales electorales. Se ha expresado la esperanza de que las principales fuerzas políticas, ahora en aparente oposición, compartan una visión común para el beneficio de la población. En relación con el PGE 2026, diversos parlamentarios y actores políticos sugieren que su análisis debería recaer en los nuevos legisladores, considerando que será el próximo Ejecutivo quien definirá la administración de los recursos. Asimismo, se ha anticipado una posible reducción del gasto público con el fin de evitar un déficit fiscal
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