Magistrados del TCP disponen finalización de prórroga en proceso judicial

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Magistrados del TCP disponen finalización de prórroga en proceso judicial

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El auto constitucional 0087/2025 O, emitido el 24 de noviembre de 2025, pone fin a la prórroga de mandato que había sido otorgada a cinco magistrados

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El auto constitucional 0087/2025 O, emitido el 24 de noviembre de 2025, pone fin a la prórroga de mandato que había sido otorgada a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según esta resolución, los magistrados beneficiados deben cesar en sus funciones en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación del fallo. No obstante, se reconoce la validez de todas las actuaciones judiciales realizadas por estos magistrados durante el periodo de extensión de sus mandatos.

Esta decisión se dio a conocer en el marco de una audiencia de acción popular llevada a cabo en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, donde se abordó la situación de los magistrados que habían extendido su permanencia en el cargo desde 2023.

El auto establece de manera clara que la prórroga otorgada mediante el punto cuarto de la DCP 0049/2023, que permitió a las máximas autoridades continuar con sus funciones tras el cumplimiento de su mandato de seis años, queda concluida. Entre los magistrados afectados se encuentran Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, el auto constitucional ordena el cese inmediato de sus funciones dentro del plazo señalado, otorgando ese tiempo para la conclusión de causas pendientes que deban resolverse antes del vencimiento del periodo. Además, se asegura la firmeza y vigencia de todos los actos jurídicos realizados por los magistrados durante la extensión de sus mandatos, en respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La acción popular fue presentada por Sandra Beatriz Aiza ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, con el objetivo de cuestionar la continuidad de los magistrados que se mantuvieron en sus cargos más allá del tiempo legal establecido.

Previo a la audiencia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, manifestó su rechazo a las acciones de los magistrados que prolongaron su mandato, señalando que intentaban ejercer presión sobre las salas constitucionales y los jueces del país mediante un supuesto auto constitucional complementario. Saucedo reafirmó la independencia del trabajo judicial y enfatizó que el sistema de justicia constitucional no se doblegará ante quienes, en su opinión, usurpan funciones

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