Después de una audiencia virtual que se extendió por más de seis horas, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres
Después de una audiencia virtual que se extendió por más de seis horas, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Elmer Laura, dictó detención preventiva por un periodo de cinco meses para el expresidente Luis Arce Catacora. La medida fue adoptada debido a la existencia de indicios suficientes que lo vinculan con los delitos imputados y al riesgo de que pueda obstaculizar la investigación relacionada con el Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración anterior del Movimiento al Socialismo (MAS).
La investigación contra Arce se centra en presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con un supuesto desvío irregular de fondos públicos durante su gestión como ministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
En su resolución, el juez Laura reconoció que el exmandatario demostró arraigo familiar y laboral, al ser docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), pero consideró que estos factores no eliminan los riesgos procesales, especialmente el riesgo de obstaculización, conforme al Código de Procedimiento Penal.
El magistrado argumentó que, por su experiencia como exministro y expresidente, Arce tiene una capacidad real para influir en exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales estuvieron bajo su mando o integraron directorios durante su gestión. Además, el Ministerio Público identificó a numerosas personas, incluyendo exministros, exautoridades, dirigentes y funcionarios, que aún deben declarar y sobre quienes Arce podría ejercer presión para afectar el curso de la investigación.
El juez destacó la complejidad del caso, dada la cantidad de imputados y la variedad de actos investigativos pendientes, como inspecciones técnicas, registros en el lugar de los hechos, pericias especializadas y declaraciones informativas. Subrayó que la investigación involucra a múltiples actores con responsabilidades compartidas, lo que añade dificultad al proceso.
Respecto al riesgo de fuga, se consideró que Arce podría abandonar el país con relativa facilidad, tomando en cuenta su historial de viajes y la posibilidad de salir incluso solo con su cédula de identidad. Sin embargo, el juez aclaró que la negativa del imputado a firmar el acta de aprehensión no representa por sí sola un riesgo procesal, ya que es una situación subsanable conforme a la normativa vigente.
En cuanto a la salud del expresidente, la defensa no presentó certificados médicos actualizados que acrediten la enfermedad oncológica alegada; los documentos exhibidos datan de 2017 y no permiten determinar su estado actual. El juez indicó que, en caso de requerir atención médica especializada, esta puede ser proporcionada dentro del sistema penitenciario.
Asimismo, se rechazó el argumento de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva debido a la edad del imputado, ya que Arce tiene 63 años y la excepción legal aplica a personas mayores de 65. Se recordó también que, en delitos de corrupción con grave perjuicio económico al Estado, la legislación limita la aplicación de medidas menos gravosas.
Finalmente, el juez enfatizó la gravedad del daño económico, estimado provisionalmente en miles de millones de bolivianos, y señaló que el principio de proporcionalidad justifica la adopción de la medida extrema de detención preventiva. Destacó que los delitos imputados afectan directamente el patrimonio estatal y los recursos destinados a sectores vulnerables.
Con esta resolución, el expresidente deberá cumplir cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro mientras continúan las investigaciones por el caso del Fondo Indígena, un proceso que vuelve a poner en el centro del debate judicial y político a importantes exautoridades del país
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