La Asociación de Prestatarios de Buena Fe en Tarija lucha contra abusos financieros post-COVID-19.
La Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija lidera la lucha contra abusos financieros en medio de la pandemia.
La pandemia de COVID-19 ha dejado secuelas económicas en Bolivia, especialmente en el sector de créditos, donde se han detectado irregularidades y abusos por parte de entidades financieras. En Tarija, la Asociación de Prestatarios de Buena Fe ha surgido como un actor clave en la defensa de los derechos de los prestatarios afectados.
La pandemia de COVID-19 ha dejado profundas secuelas económicas en Bolivia, y una de las situaciones más persistentes afecta a aquellos que adquirieron créditos antes o durante la crisis sanitaria. En Tarija, al igual que en otros departamentos, numerosos prestatarios han comenzado a notar irregularidades en los cobros, reprogramaciones de deudas e incluso se han enfrentado al riesgo de ser embargados, lo que ha dado origen a un movimiento ciudadano que, con organización y asesoramiento técnico, está logrando avances significativos, incluyendo el reconocimiento de errores por parte de algunos bancos.
La Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija ha emergido como una figura central en esta lucha. Inicialmente formada por alrededor de 500 personas a mediados de diciembre de 2024, el grupo ha crecido significativamente en los meses siguientes, identificando a más de 1.000 individuos afectados. Según su dirigente, Javier Carrasco, este aumento se vio impulsado por el Congreso Nacional de Prestatarios, donde se compartieron experiencias similares a lo largo del país.
Una de las principales quejas de los prestatarios se centra en las reprogramaciones de créditos realizadas por las entidades financieras. Se ha denunciado que, tras las modificaciones, se incluyeron nuevos conceptos y cargos no contemplados en los acuerdos originales, lo que llevó a cobros indebidos. Al presentar estas irregularidades, varios bancos han reconocido sus errores y han corregido los contratos para reflejar los términos acordados inicialmente.
La organización se ha apoyado en un sólido asesoramiento técnico, donde profesionales como el asesor financiero Roberto Castillo han brindado orientación a los prestatarios, analizando cada caso de manera individual y recomendando las acciones legales o administrativas necesarias para corregir los abusos. Gracias a esta asistencia, muchos individuos han logrado detener procesos judiciales, evitar embargos y poner fin al acoso por parte de las entidades financieras.
Se han destacado casos emblemáticos, como el embargo de un camión por una deuda superior a 160.000 bolivianos en Tarija, donde se logró reducir la deuda a la mitad y recuperar el vehículo. Asimismo, se mencionó el caso de una familia en Bermejo, donde el esposo con Alzheimer estaba en riesgo de perder su vivienda debido a la negativa del banco a hacer efectivo el seguro, situación que pudo ser revertida.
A pesar de los avances, la lucha de los prestatarios continúa, con muchos aún esperando respuestas de los bancos y enfrentando la amenaza de embargos. La Asociación de Prestatarios de Buena Fe sigue convocando a más afectados para unirse, informarse y organizarse en defensa de sus derechos.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido instrucciones a las entidades financieras para reprogramar o refinanciar los créditos de prestatarios afectados por eventos climáticos adversos, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional realizada por el presidente Luis Arce. Esta medida busca facilitar la recuperación financiera de los afectados, mediante la inclusión de períodos de gracia y otras condiciones favorables en los acuerdos de reprogramación.
A pesar de los avances logrados, la lucha de los prestatarios en Tarija continúa, con la Asociación de Prestatarios de Buena Fe como aliado en la búsqueda de soluciones justas. La asistencia técnica y la presión ciudadana han logrado resultados significativos, pero aún queda camino por recorrer en la protección de los afectados por la crisis financiera post-COVID-19.
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