La polémica generada por el caso conocido como “maletas” continúa escalando en el ámbito político y judicial, luego de que se revelara que 31 valijas
La polémica generada por el caso conocido como “maletas” continúa escalando en el ámbito político y judicial, luego de que se revelara que 31 valijas ingresaron al país desde Estados Unidos sin pasar por los controles aduaneros correspondientes. Este suceso, ocurrido en un vuelo chárter que aterrizó en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, ha puesto en evidencia serias irregularidades dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y fiscalización en puntos estratégicos del país.
A casi dos meses desde que se desató la controversia, la alianza opositora Libre ha elevado una solicitud formal para la creación de una comisión legislativa especial encargada de investigar a fondo este caso, que ha sido calificado como “narcomaletas” debido a la sospecha de tráfico ilícito relacionada con el cargamento. La petición fue presentada por la senadora Kathia Quiroga mediante una carta dirigida al presidente del Senado, donde se subraya la excepcionalidad del caso no solo por su impacto institucional sino también por las repercusiones políticas y sociales que ha generado.
El reclamo opositor busca garantizar una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer cómo fue posible que un cargamento tan voluminoso —compuesto por 31 valijas— haya ingresado al territorio nacional sin ningún tipo de control aduanero ni revisión, hecho que representa una grave falla en los protocolos aeroportuarios. Además, se destaca la gravedad del asunto debido a la implicación directa de altos funcionarios públicos, entre ellos un juez y una exdiputada. Según lo informado, habría incluso un presunto uso indebido de pasaportes diplomáticos para facilitar el ingreso irregular del equipaje.
La senadora Quiroga enfatizó la necesidad de identificar con precisión a todos los funcionarios y autoridades que permitieron o facilitaron esta situación irregular. En sus palabras, resulta inadmisible que en un aeropuerto internacional puedan ocurrir este tipo de incumplimientos sin consecuencias inmediatas. Por ello, solicitó sanciones ejemplares para todos los involucrados conforme a lo establecido en la ley vigente, resaltando la importancia de activar los mecanismos constitucionales para ejercer el control político desde el Legislativo sin interferir en las competencias propias del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales.
En cuanto a las personas directamente implicadas, se sabe que al menos 11 individuos están bajo investigación o proceso judicial. Entre ellos figuran funcionarios clave de la Aduana Nacional asignados al aeropuerto Viru Viru durante el momento del ingreso irregular del equipaje. Cinco empleados fueron suspendidos y desvinculados, incluyendo al administrador del aeropuerto, jefe de hall, jefe de turno y personal operativo responsable del control aduanero. La Aduana presentó además una querella formal acusándolos por incumplimiento de deberes, receptación, encubrimiento y corrupción. Cabe señalar que dos funcionarios ya habían sido separados anteriormente.
El ámbito judicial también está involucrado con la detención preventiva impuesta al juez Hebert Zeballos por un periodo inicial de 120 días en Palmasola. Se reveló que su empresa privada dedicada a servicios de seguridad fue utilizada como depósito para las maletas cuestionadas. Además, dos socios vinculados a dicha compañía enfrentan también detenciones preventivas debido a su participación directa en el caso.
En paralelo a estas acciones judiciales y administrativas, hubo repercusiones políticas significativas: el viceministro de Régimen Interior y Policía René Calla fue destituido como parte de una reestructuración anunciada por el ministro de Gobierno poco después del estallido del escándalo. Esta decisión refleja un intento oficial por dar respuesta ante las irregularidades detectadas dentro del aparato estatal.
Actualmente, seis imputados principales enfrentan diversas medidas cautelares que incluyen detenciones preventivas o arresto domiciliario. La exdiputada Laura Rojas —considerada como figura central en este entramado— cumple con una detención preventiva extendida a 180 días mientras continúan las investigaciones.
Este caso pone sobre la mesa cuestionamientos profundos acerca de los controles internos y externos aplicados en puntos neurálgicos para la seguridad nacional como son los aeropuertos internacionales. La falta de supervisión adecuada no solo vulnera las normas aduaneras sino que abre espacio para actividades ilícitas con potencial impacto negativo sobre las instituciones públicas y la confianza ciudadana.
La demanda opositora para conformar una comisión especial legislativa refleja además un reclamo social mayor por transparencia y justicia efectiva ante hechos que comprometen directamente la integridad institucional del país. En este contexto, el desarrollo futuro del caso “maletas” será observado con atención tanto por actores políticos como por la sociedad civil interesada en el fortalecimiento democrático y legal frente a actos corruptos o negligentes dentro del Estado
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