El desafío de la deforestación persiste como una preocupación central en Bolivia, una realidad reconocida por las instancias judiciales agroambientale
El desafío de la deforestación persiste como una preocupación central en Bolivia, una realidad reconocida por las instancias judiciales agroambientales del país. En el tramo final de la actual administración gubernamental, el Tribunal Agroambiental ha puesto de manifiesto la magnitud de este problema, especialmente en regiones como Tarija, donde la expansión de la industria del carbón ha sido identificada como un motor significativo de la tala en el bosque chaqueño.
Esta problemática fue objeto de un profundo análisis durante el “Taller Internacional e Interjurisdiccional en Materia Agroambiental con Énfasis en Grupos Vulnerables y Cambio Climático – Bicentenario de Bolivia 2025”, celebrado en la capital chapaca. El evento congregó a diversas autoridades del Órgano Judicial y a destacados académicos, quienes debatieron sobre las implicaciones ambientales y sociales de la pérdida forestal.
Una de las principales causas señaladas para la destrucción de los bosques es la Ley 741. Esta normativa permite el despeje de hasta veinte hectáreas en pequeñas propiedades y comunidades con fines agrícolas y pecuarios. Desde la perspectiva de las autoridades agroambientales, esta legislación, aún vigente, es considerada una disposición controvertida que facilita la remoción de cobertura boscosa por unidad familiar sin la obligatoriedad de planes forestales o de ordenamiento predial. Su revisión ha sido planteada como una tarea ineludible para la próxima gestión gubernamental, con el fin de evaluar la pertinencia de su continuidad.
Adicionalmente, se han expresado cuestionamientos sobre el desempeño de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). La falta de una supervisión adecuada en relación con las autorizaciones de desmonte ha generado preocupación entre los magistrados y especialistas. Este encuentro de expertos coincidió con la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que subraya la urgencia de acciones frente a un fenómeno agravado por el cambio en el uso del suelo y la constante deforestación.
El bosque chaqueño, en particular, juega un rol crucial en la mitigación del cambio climático. Su capacidad para regular la temperatura y almacenar grandes volúmenes de dióxido de carbono lo convierte en un ecosistema vital. Sin embargo, en el Chaco tarijeño, la tala, tanto legal como clandestina, avanza a un ritmo alarmante, impulsada por un modelo de desarrollo agroindustrial que degrada severamente el medio ambiente. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la región al cambio climático, manifestándose en sequías extremas que se prolongan cada año.
Un análisis reciente de la cobertura forestal en Tarija revela una disminución significativa. El departamento ha visto reducir su superficie boscosa de 2.686.181 hectáreas a 2.460.443 hectáreas hasta el año 2022. Los municipios más afectados se encuentran en el Chaco tarijeño, con Yacuiba a la cabeza, que ha perdido un 32% de su bosque nativo, pasando de una superficie original de 333.496 hectáreas a 227.792 hectáreas. En Villa Montes, la situación es similar, con una pérdida de 56.154 hectáreas, equivalente al 5% de su superficie forestal inicial de 1.077.842 hectáreas. Caraparí, por su parte, ha experimentado una reducción del 8% de su bosque nativo, disminuyendo 23.751 hectáreas de sus 333.385 hectáreas originales.
La gravedad de esta deforestación es aún mayor si se considera que el Chaco es una región propensa a sequías extremas, con temperaturas que superan los 38 grados centígrados y períodos secos que pueden extenderse entre ocho y diez meses al año. La remoción de la cobertura forestal en estas condiciones obstaculiza el ciclo del agua, afectando la generación de lluvias y exacerbando la erosión del suelo.
En cuanto a la producción de carbón, existen reportes ciudadanos en Villa Montes y Yacuiba sobre el tránsito de camiones cargados con este producto hacia otros departamentos e incluso hacia Paraguay. A pesar de estas observaciones, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) sostiene que la producción de carbón en el Chaco se mantiene bajo control, afirmando que doce empresas cuentan con autorización para operar. La entidad ha rechazado la noción de una deforestación desmedida, argumentando que se trata de un aprovechamiento controlado de los recursos forestales
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