Legisladores impulsan fin gradual de subsidio a combustibles

El debate sobre la continuidad de la subvención a los combustibles ha comenzado a tomar protagonismo en la agenda política del nuevo Gobierno. En este contexto, algunas voces legislativas han expresado su apoyo a una eliminación gradual del subsidio, siempre que se implementen medidas compensatorias que protejan a los sectores más vulnerables de la población.

El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano, Horacio Calizaya, destacó su compromiso de impulsar mejoras en el sistema de transporte desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con una amplia experiencia en este ámbito, Calizaya señaló que uno de sus objetivos principales será promover la renovación del parque automotor, reforzar la seguridad vial y asegurar un servicio de calidad para los usuarios.

Respecto a la subvención de los carburantes, el legislador calificó el tema como “sensible” y explicó que su equipo económico está evaluando distintas alternativas para abordar la situación. La propuesta que se baraja contempla un retiro progresivo del subsidio, con la intención de mitigar cualquier impacto negativo en los hogares bolivianos.

Calizaya subrayó que cualquier ajuste en los precios de los combustibles debe ir acompañado de incentivos al sector productivo, con el fin de estimular la generación de empleo y fortalecer la economía nacional. Indicó que incluso sectores como el transporte pesado respaldan una revisión paulatina de la política de subsidios.

Por otro lado, el diputado Gabriel Covera, representante de la alianza Unidad, coincidió en que la eliminación del subsidio debe realizarse de forma gradual y responsable, tomando en cuenta la situación económica actual del país. Covera enfatizó que no apoyarán medidas abruptas, sino un proceso planificado que evite afectar la economía familiar y el desarrollo productivo.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la estabilidad económica y garantizar una comunicación clara y transparente entre el Gobierno y la ciudadanía, con el objetivo de prevenir reacciones sociales negativas similares a las registradas en gestiones anteriores cuando se intentaron ajustes en los precios de los combustibles sin una adecuada socialización