Legislador alerta sobre deuda pública de $32 mil millones y critica gestión económica y ambiental del gobierno

Un legislador de Comunidad Ciudadana ha manifestado una profunda inquietud respecto al estado actual de la deuda pública del país, desglosando sus componentes y advirtiendo sobre las serias implicaciones económicas que conlleva. Según sus estimaciones, la deuda interna asciende a aproximadamente 18 mil millones de dólares, mientras que la externa se sitúa en alrededor de 14 mil millones de dólares. La suma de estos dos rubros eleva el endeudamiento a 32 mil millones de dólares. No obstante, al incorporar los pasivos de diversas entidades subnacionales como gobernaciones, municipios y universidades, la cifra total de la deuda del país podría superar los 40 mil millones de dólares.

Esta magnitud de endeudamiento resulta particularmente alarmante si se compara con el Producto Interno Bruto (PIB), que representa la producción anual del país y alcanza los 45 mil millones de dólares. La relación entre la deuda y el PIB se acerca al 90 por ciento, un umbral que ha provocado la degradación de la calificación de riesgo del país por parte de agencias internacionales, situándolo al borde de un posible default económico.

En cuanto a la gestión de esta obligación financiera, el presupuesto para el año 2024 contemplaba un monto de 2 mil millones de dólares destinado al pago de la deuda externa, incluyendo capital e intereses. Para el presente año, se ha proyectado un desembolso de 2.700.050 dólares para el mismo fin. Aunque el Banco Central de Bolivia ha asegurado que se está cumpliendo con los compromisos de la deuda externa, la falta de detalles específicos sobre los montos pagados a los distintos organismos internacionales genera interrogantes.

El mismo legislador también cuestionó las recientes declaraciones del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, durante una cumbre internacional en Brasil. Manifestó inquietud ante un discurso que, a su juicio, difiere significativamente de la realidad nacional. Se refirió a la promulgación de leyes que han contribuido a la proliferación de incendios y avasallamientos, acciones que contradicen la retórica de protección a la Madre Tierra. Asimismo, puso de relieve el uso descontrolado de mercurio en la minería aurífera, una práctica que está provocando la contaminación y envenenamiento de la población.

Subrayó que la responsabilidad de la situación económica y ambiental no recae en las calificadoras de riesgo, la oposición o los organismos internacionales, sino en la permisividad del propio gobierno.

Además, el representante de Comunidad Ciudadana expresó su asombro ante las afirmaciones presidenciales sobre la equidad en el sector de la salud. A pesar de que el gobierno destaca la asignación de más del 12 por ciento del Presupuesto General del Estado a salud y educación, un porcentaje que se presenta como sin precedentes, el legislador interpeló la efectividad de esta inversión. Señaló la persistente falta de infraestructura adecuada en hospitales, la escasez de personal médico y paramédico, y la carencia de medicamentos esenciales, lo que evidencia una brecha entre el discurso oficial y la realidad palpable.

Finalmente, el legislador se mostró perplejo ante la propuesta del primer mandatario de conformar un bloque para no depender de las calificadoras de riesgo. Explicó que estas entidades actúan como médicos de las economías globales, proporcionando diagnósticos cruciales. Desestimar sus evaluaciones, argumentó, sería tan imprudente como ignorar el dictamen de un especialista de la salud, como un oftalmólogo o un odontólogo, para la propia salud. Esta postura presidencial, concluyó, revela una desconexión con la lógica económica internacional