La justicia boliviana impulsa cinco hitos y se aleja del poder político

En 2025, Bolivia vivió un momento crucial en la evolución de su sistema judicial, evidenciando un proceso de transformación que apunta a una justicia más autónoma y menos influenciada por el poder político. Este año se destacó por la concreción de varios hechos significativos que marcan un cambio de rumbo en la administración de justicia.

Uno de los eventos más relevantes fue la clausura de la Comisión 898, organismo creado para dar seguimiento a las recomendaciones de la Cumbre de Justicia de 2017. Esta comisión, que durante años estuvo bajo la dirección del Ministerio de Justicia, fue disuelta, lo que permitió que el sistema judicial se desligara del Ejecutivo y fortaleciera su independencia. La eliminación del Ministerio de Justicia como cabeza del sistema judicial fue otro paso importante en esta dirección.

Asimismo, se produjo una revisión extraordinaria de sentencias relacionadas con personas detenidas por motivos políticos, quienes habían permanecido en prisión preventiva por períodos prolongados. Entre los casos destacados se encuentran el del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; la expresidenta Jeanine Áñez, cuya condena de diez años fue anulada; y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari. En paralelo, la detención preventiva del expresidente Luis Arce, vinculado a investigaciones por presunto desfalco, subrayó que la justicia busca aplicar la ley sin excepciones ni privilegios.

Otro punto clave fue la conclusión de la gestión de los magistrados “auto prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes permanecieron en sus cargos más allá del término constitucional. Su cese, ordenado mediante un Auto Constitucional, representó un avance en la institucionalidad y el respeto a las normas vigentes, aunque el proceso penal contra ellos aún mantiene un estado de incertidumbre.

En el ámbito electoral, el Tribunal Supremo de Justicia garantizó la realización de las elecciones generales en medio de múltiples recursos judiciales presentados contra candidatos, partidos y autoridades electorales. A pesar de estas acciones legales, el proceso electoral se desarrolló sin interrupciones, reflejando un compromiso con la estabilidad democrática y el respeto al calendario electoral.

Finalmente, se dio inicio a un diálogo interinstitucional enfocado en la reforma judicial, que reunió a los poderes del Estado, organizaciones sociales y representantes diplomáticos. Este encuentro concluyó con la definición de cuatro objetivos principales: promover cambios normativos, establecer un presupuesto adecuado para el Órgano Judicial —proponiendo al menos un 5% del Presupuesto General del Estado—, implementar la justicia digital y fortalecer la carrera judicial basada en la meritocracia.

A pesar de estos avances, persiste una debilidad estructural relacionada con la escasa asignación presupuestaria al sistema judicial, que actualmente recibe apenas un 0,05% del presupuesto estatal. Este desafío continúa siendo un punto crítico que el sistema debe superar para consolidar plenamente su independencia y eficiencia. En conjunto, los acontecimientos de 2025 representan un paso significativo hacia una justicia más equitativa y autónoma en Bolivia