Ernesto Justiniano, recientemente designado como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, regresa a esta función tras más de dos décad
Ernesto Justiniano, recientemente designado como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, regresa a esta función tras más de dos décadas y presenta una visión renovada para enfrentar el narcotráfico en el país. Su enfoque principal apunta a la reducción de la coca excedentaria, con un plan inicial que incluye gestiones internacionales, comenzando por una visita a países del Mercosur para fortalecer la cooperación regional.
Al asumir el cargo, Justiniano destaca la necesidad de contar con datos precisos sobre la cantidad de hoja de coca que se desvía hacia el mercado ilegal, así como sobre el factor de conversión de esta materia prima en cocaína. Subraya que conocer el volumen total de producción nacional de cocaína es fundamental para establecer metas claras y evaluar los avances en la lucha antidrogas, además de permitir comparaciones con otros países productores como Perú y Colombia.
El viceministro señala que, durante la gestión anterior, hubo una omisión deliberada en la presentación de informes sobre la producción y tráfico de drogas, lo que dificultó un abordaje efectivo del problema. En este sentido, enfatiza la importancia de trabajar con organismos internacionales y recibir apoyo en inteligencia, recursos financieros y materiales, sin comprometer la soberanía nacional. Asimismo, Justiniano considera que la ausencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha limitado la capacidad para enfrentar las redes criminales transnacionales, dado que estas operan más allá de las fronteras nacionales.
Respecto a la presencia de cárteles y organizaciones criminales en distintas regiones del país, el viceministro reconoce la dificultad para identificar con exactitud su número y alcance. Sin embargo, afirma que el objetivo principal es reducir la producción de cocaína, que es la raíz del problema, y evitar que Bolivia continúe siendo un destino atractivo para los narcotraficantes. En este sentido, recalca que la interdicción, aunque necesaria, no es suficiente si no se controla la materia prima que alimenta el narcotráfico.
En cuanto a la eficacia de las incautaciones, Justiniano menciona que a nivel internacional solo se logra interceptar alrededor del 10% de la cocaína producida, cifra que se mantiene en Bolivia debido a las vastas fronteras y limitados recursos. Por ello, propone que el enfoque debe centrarse en disminuir la producción misma, en lugar de depender únicamente en la captura de drogas.
Sobre el control de la hoja de coca, el viceministro plantea la necesidad de identificar con precisión cuánta se destina al consumo legal y cuánta al mercado ilícito. Destaca que los productores legales deben ser considerados aliados en esta lucha y que el diálogo y la transparencia son claves para avanzar. Asimismo, señala que Bolivia no solo es un país productor, sino también un lugar de tránsito y refinación de drogas provenientes de países vecinos.
En relación a la región del Chapare, Justiniano indica que las fuerzas policiales continuarán realizando operaciones para contener la producción ilegal, con el objetivo de reducir la cantidad de cocaína generada en esa zona. Asegura que el trabajo conjunto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico es fundamental, aunque reconoce que la capacidad operativa es limitada y que la verdadera solución radica en atacar las causas profundas del narcotráfico.
El viceministro también aborda la cooperación internacional, anunciando que próximamente participará en reuniones con países vecinos para fortalecer la colaboración en materia de seguridad y lucha antidrogas. Reconoce las limitaciones en recursos, como la falta de combustible y repuestos para equipos esenciales, y subraya la necesidad de mejorar estas condiciones para optimizar la efectividad de los operativos.
Sobre temas polémicos, Justiniano se compromete a investigar posibles irregularidades vinculadas a anteriores autoridades del sector, manteniendo un enfoque legal y transparente. Asimismo, expresa su intención de garantizar el acceso a todas las regiones del país para realizar controles y combatir el narcotráfico, sin excepción.
Finalmente, el viceministro advierte que la corrupción y las trabas administrativas representan obstáculos importantes en la lucha contra las drogas. Se compromete a simplificar procesos, eliminar cobros indebidos y fomentar la transparencia para fortalecer los controles y evitar que la corrupción socave los esfuerzos antidrogas. Su mensaje es claro: se debe trabajar con honestidad y determinación para que Bolivia deje de ser un país productor y atractivo para el narcotráfico, protegiendo así a las comunidades y al Estado




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