La justicia en Uruguay resolvió no proceder con la extradición hacia Bolivia del ex sacerdote Juan José Sant’Anna, conocido como “Padre JuanJo”, acusa
La justicia en Uruguay resolvió no proceder con la extradición hacia Bolivia del ex sacerdote Juan José Sant’Anna, conocido como “Padre JuanJo”, acusado de abusar sexualmente de aproximadamente 30 niños en un internado ubicado en Tapacarí, Cochabamba, en 2007. El juez Matías Porciúncula fundamentó su fallo en la prescripción del delito conforme a la legislación uruguaya, a pesar de que en Bolivia el caso aún permanece activo.
Durante más de 17 años, Sant’Anna estuvo prófugo. Tras las acusaciones en 2007, huyó de Bolivia y se refugió en la residencia familiar en Salto, Uruguay, donde vivió de manera discreta. En 2008, fue localizado por Interpol y, en 2010, surgieron reportes de que el ex sacerdote habría reconocido los abusos en una entrevista. Diversos medios intentaron contactarlo a lo largo de los años, y en 2025 fue nuevamente identificado por un medio uruguayo. Poco después, Bolivia emitió una alerta roja de Interpol que motivó su detención.
En una audiencia reciente, el juez Porciúncula concluyó que los delitos imputados a Sant’Anna se corresponderían en Uruguay con el atentado violento al pudor, cuyo plazo de prescripción es de diez años. Este plazo comenzó a contabilizarse desde 2011, cuando Bolivia declaró rebelde al acusado, lo que implica que el caso habría prescrito en 2021. El magistrado puntualizó que, aunque en Bolivia el proceso siga vigente, la extradición solo es viable si el caso no ha prescrito en ambos países. Además, resaltó que entre 2021 y 2025 no se registraron nuevas acciones judiciales en Bolivia hasta la emisión de la alerta de Interpol, considerada tardía para evitar la prescripción.
La Fiscalía uruguaya optó por no apelar la decisión, lo que permitió que Sant’Anna recupere su libertad y anuncie su retorno al domicilio familiar en Salto.
Los hechos ocurrieron en el internado Ángel Gelmi, en Tapacarí, donde Sant’Anna fue asignado tras su ordenación en Bolivia en 2005. En este centro, ubicado en una zona rural con altos índices de pobreza, estaba a cargo de unos 70 niños. Testimonios recogidos en 2007 indicaron que el ex sacerdote invitaba a los menores a su habitación, donde los encerraba con llave y, en ocasiones, presuntamente les suministraba somníferos. También se mencionó que seleccionaba a varios niños simultáneamente para cometer los abusos.
La situación salió a la luz cuando una monja encontró a un niño llorando y este le confesó que el sacerdote lo molestaba. Al día siguiente, otros menores confirmaron los hechos. Aunque el arzobispo de Cochabamba inició una investigación interna, la denuncia formal se presentó casi veinte días después, lapso en el que Sant’Anna logró huir. Documentos oficiales indican que el ex sacerdote admitió los abusos ante el sacerdote Eugenio Coter durante las primeras indagaciones eclesiásticas.
La resolución judicial en Uruguay ha generado una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones sociales, víctimas y entidades que han seguido el caso durante años. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que agrupa a personas afectadas por abusos sexuales cometidos por religiosos, calificó la noticia como un duro golpe para quienes buscan justicia
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