Justicia propone endurecer penas para adolescentes infractores en delitos graves

La titular de la cartera de Justicia, Jessica Saravia, dio a conocer una iniciativa legislativa destinada a elevar de manera sustancial las sanciones aplicables a adolescentes infractores responsables de crímenes de alta gravedad, entre ellos la violación y el infanticidio. Esta propuesta busca reformar el artículo 268 del Código Niño, Niña y Adolescente, fundamentándose en la percepción de que las penas vigentes resultan inadecuadas y desproporcionadas en relación con la magnitud de los delitos cometidos.

Al detallar los puntos clave de la reforma, la autoridad gubernamental señaló que se han registrado situaciones en las que jóvenes implicados en delitos tan atroces como la violación seguida de infanticidio han sido condenados a penas de apenas seis años de privación de libertad, una duración que se considera desproporcionada.

El borrador de ley introduce una escala de penas diferenciada por edad para los adolescentes que incurran en infracciones. Para aquellos con edades comprendidas entre los catorce y los dieciséis años, los crímenes graves contra la vida o la integridad sexual podrían acarrear condenas de hasta doce años de privación de libertad. En el caso de los infractores de dieciséis a dieciocho años, la pena máxima se incrementaría a dieciocho años, lo que representa un aumento de dos quintas partes respecto a la propuesta anterior, considerando un mayor nivel de madurez psicológica en este grupo etario.

Se afirmó que la iniciativa se sustenta en análisis de legislaciones comparadas y en parámetros internacionales que respaldan una aplicación progresiva y proporcional de la justicia juvenil. Se argumentó que, en diversas circunstancias, la presencia de vínculos como concubinatos en menores de edad sugiere un grado de madurez que justifica una reconsideración de su responsabilidad penal.

La modificación, se aclaró, se inscribe dentro del marco del Código Niño, Niña y Adolescente, el cual, en su formulación actual, fija un tope de seis años para las sanciones, independientemente de la severidad del delito. Se subrayó la urgencia de revisar estas disposiciones, especialmente porque las víctimas de tales crímenes son, en muchos casos, también menores de edad.

Respecto a la prescripción de los delitos y la determinación de la pena en función de la edad, se especificó que la sanción se impone basándose en la edad del individuo al momento de la comisión del ilícito. De este modo, si el crimen se perpetró antes de cumplir los dieciocho años, se aplicaría el nuevo régimen penal juvenil; si la comisión ocurrió con posterioridad a esa edad, el implicado podría enfrentar condenas de hasta treinta años de prisión, según la naturaleza del caso.

En otro segmento de su intervención, la autoridad fue interpelada sobre las recientes aprehensiones vinculadas al denominado caso Consorcio, una investigación sobre presunta manipulación judicial que ha involucrado a exfuncionarios, incluido el exministro César Siles. Aunque declinó abordar directamente las acusaciones de la oposición que sugieren una conexión entre el Poder Ejecutivo y este expediente, se aclaró que la función del Ministerio de Justicia no incluye la realización de investigaciones, sino que su papel se limita a aguardar los resultados que emita el Ministerio Público. Se hizo un llamado enfático a la realización de una investigación que sea rigurosamente objetiva y transparente, señalando la imposibilidad de emitir juicios mientras el proceso judicial se encuentra en desarrollo.

Para concluir, se instó a la Asamblea Legislativa a proceder con prontitud en la tramitación de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, muchos de los cuales, se afirmó, están orientados a la protección de los derechos humanos y al perfeccionamiento del sistema penal aplicado a los jóvenes