La exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue remitida a la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanecerá en detención preven
La exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue remitida a la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanecerá en detención preventiva durante cuatro meses en el marco del caso Fondo Indígena, según confirmó su abogado defensor, Víctor Nina.
El representante legal de Patty anunció que presentará una tercera acción de libertad en las próximas horas, argumentando que la medida cautelar resulta “arbitraria” y carece de justificación legal.
La investigación en curso señala que la exdiputada habría recibido aproximadamente 700.000 bolivianos correspondientes a un proyecto de producción de tomate, recursos que estaban destinados a beneficiar a ocho comunidades. Esta situación forma parte de las indagaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos indígenas.
El fiscal a cargo del caso indicó que existen evidencias sólidas que vinculan a Patty con el presunto uso indebido de estos recursos públicos. Previamente, un tribunal de La Paz rechazó en dos ocasiones las acciones de libertad solicitadas por la defensa, mientras que la exdiputada enfrenta cargos por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Además, se mantiene una alerta migratoria que le impide salir del país.
Antes de la resolución judicial, el dirigente cocalero Evo Morales se manifestó en redes sociales, calificando la detención de Patty como un acto de “revancha del gobierno” y un “abuso de poder” contra una mujer de origen humilde. Morales aseguró que esta acción vulnera los derechos humanos de la exdiputada y responde a motivaciones políticas, recordando que Patty fue una de las principales promotoras del proceso judicial contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras personas involucradas en los hechos de noviembre de 2019.
Asimismo, Morales denunció que esta situación refleja una actitud de racismo y persecución hacia una mujer indígena que, según él, actuó con valentía al denunciar atentados contra la democracia y la economía nacional.
Por su parte, la defensa de Patty negó cualquier responsabilidad penal en relación al proyecto de carpas solares para la producción de tomate, señalando que aunque la exdiputada recibió fondos para este fin en 2010, las carpas fueron efectivamente entregadas a las comunidades beneficiarias. La defensa explicó que, si bien las carpas fueron posteriormente desmanteladas, ello no recae bajo la responsabilidad de Patty.
El abogado Richard Cerda detalló que el convenio del proyecto fue firmado en 2010, cuando Patty representaba a la federación Bartolina Sisa, y que las carpas estaban destinadas a ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en La Paz
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