Juristas cuestionan a Fiscalía por pedir detener a Arce en centro para menores en Bolivia

La Fiscalía ha solicitado que el expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, sea sometido a detención preventiva por un periodo de tres meses en el centro de reinserción Qalauma, un establecimiento destinado exclusivamente a adolescentes y jóvenes infractores. Esta petición ha generado una fuerte reacción en el ámbito jurídico, donde expertos califican la medida como irregular, inapropiada y como un trato especial hacia la exautoridad.

Arce enfrenta imputaciones por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en relación con el caso Fondo Indígena, uno de los escándalos de corrupción más significativos de las últimas dos décadas. La Fiscalía fundamenta su solicitud en supuestos riesgos de fuga y posible obstrucción de la justicia. Sin embargo, la elección del centro Qalauma para su detención ha suscitado críticas debido a la naturaleza del recinto.

El exfiscal y abogado Joadel Bravo ha señalado que esta petición contradice la Ley 548, conocida como el Código Niña, Niño y Adolescente, que establece que los centros juveniles están destinados únicamente a personas de entre 16 y 21 años, con una extensión excepcional hasta los 25 años, siempre que hayan cometido infracciones específicas tipificadas en leyes especiales. Bravo enfatizó que la ley diferencia claramente entre menores y adultos, protegiendo a los primeros debido a su desarrollo incompleto, y por lo tanto, no es legal alojar a un adulto en un centro para menores.

Además, Bravo advirtió que la Fiscalía estaría brindando un trato preferencial a Arce, cuestionando por qué otros detenidos, incluidos figuras políticas de relevancia, han sido recluidos en prisiones para adultos, mientras que en este caso se propone un centro juvenil. También recordó que establecimientos penitenciarios como Palmasola están habilitados para procesados adultos, mientras que Qalauma no cumple con esos requisitos.

Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Camacho coincidió en que la solicitud de la Fiscalía carece de sustento legal. Señaló que el Código de Procedimiento Penal establece que las detenciones preventivas deben cumplirse en centros penitenciarios para adultos, y que Qalauma está destinado exclusivamente a menores infractores. Camacho sostuvo que esta petición representa un favorecimiento injustificado hacia Arce y una falta de coherencia en el tratamiento judicial, especialmente al comparar con otros casos donde no se aplicaron medidas similares para garantizar la seguridad y salud de detenidos adultos.

Camacho también solicitó que la Fiscalía General revise el accionar de los fiscales involucrados en la imputación, calificando la solicitud como una afrenta a la justicia y a la sociedad.

El centro Qalauma, situado en Viacha, a aproximadamente 30 kilómetros de La Paz, fue establecido en 2011 para albergar a jóvenes entre 16 y 21 años, con capacidad inicial para 150 internos. Con el tiempo, se han realizado ampliaciones que permitieron admitir a internos hasta los 28 años, siempre bajo el régimen juvenil. Para 2024, el centro contaba con 499 internos, todos procesados bajo normas del sistema penal adolescente. Luis Arce, con 62 años, no cumple con los requisitos legales para ser recluido en esta institución.

Actualmente, Arce permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de que un juez anticorrupción defina la audiencia cautelar. Su defensa ha anunciado la intención de solicitar medidas sustitutivas, mientras que organizaciones sociales y víctimas vinculadas al caso Fondo Indígena demandan que el proceso judicial se conduzca con imparcialidad y respeto a la ley