Juez suspende por 30 días proyecto DMO X-3 en reserva de Tariquía

El proyecto hidrocarburífero Domo Osso X-3, ubicado en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte, fue suspendido temporalmente por una resolución judicial que ordena la paralización de las actividades de perforación exploratoria durante 30 días. Esta medida afecta a una zona vinculada a una reserva nacional de flora y fauna, generando una respuesta favorable entre comunidades locales y activistas ambientales que denuncian irregularidades en el proceso.

La decisión fue emitida por un juzgado agroambiental y responde a una solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo. La suspensión preventiva busca asegurar una revisión exhaustiva de los posibles impactos ambientales y verificar el cumplimiento de los derechos a la consulta previa, participación ciudadana y debido proceso antes de que se emita un fallo definitivo.

Entre las acciones ordenadas se encuentra la realización de una inspección técnica en el lugar del proyecto, programada para febrero de 2026, que permitirá evaluar en terreno las condiciones ambientales y los efectos potenciales de la actividad hidrocarburífera. Además, se convocó una audiencia pública en la que podrán intervenir las partes involucradas, terceros interesados y expertos técnicos para aportar información relevante al caso.

La empresa Petrobras fue incorporada formalmente como parte demandada junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dado su rol en la ejecución del proyecto. Asimismo, se requirió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y a YPFB la entrega de toda la documentación técnica y ambiental relacionada, incluyendo estudios de impacto, licencias y análisis de riesgos, en un plazo establecido.

Para garantizar la participación de las comunidades afectadas, se ordenó notificar a poblaciones cercanas, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Esta institución también tiene la tarea de identificar a defensores de derechos humanos en materia ambiental para evaluar la implementación de medidas cautelares que protejan su labor, ante denuncias previas de criminalización de la protesta social.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y el medio ambiente, subrayando que la defensa de la vida no debe ser considerada un delito. Los funcionarios públicos señalados en el proceso incluyen a ministros y altos cargos relacionados con hidrocarburos, medio ambiente y la empresa estatal YPFB.

En la zona de influencia, la noticia fue recibida con esperanza por activistas y comunidades, quienes se preparan para presentar pruebas que evidencien las supuestas irregularidades cometidas por la empresa y el Estado. Se anticipa la visita de una comitiva integrada por representantes cívicos, profesionales y defensores ambientales para evaluar in situ el área afectada y los riesgos asociados.

Por su parte, el Comité Cívico local expresó su respaldo a la defensa de la reserva natural, aunque decidió mantenerse al margen de las acciones en el territorio para evitar politizar el proceso judicial, confiando en que la resolución del conflicto debe darse en el marco legal y técnico correspondiente. Este caso vuelve a poner en debate la explotación de recursos naturales, la consulta previa y la protección de áreas protegidas a nivel nacional