Juez que admitió amparo por ADN enfrenta aprehensión en caso de blindaje electoral en Bolivia

La detención del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos marcó un episodio clave en una reciente controversia institucional relacionada con el proceso electoral. Quiroga, quien intentó detener la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) mediante la admisión de una acción de amparo constitucional, fue arrestado y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, donde permanece bajo custodia en las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc).

Este juez, que ejerce en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, fue señalado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por actuar fuera de su competencia territorial y electoral al admitir el recurso presentado por Nelson Almendras Choque. El amparo buscaba revertir la exclusión de 136 candidatos de la alianza SAO-ADN, quienes fueron marginados del proceso electoral tras una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, señalando que el juez desoyó una declinatoria de competencia previa emitida por el propio Órgano Electoral, la cual advertía que persistir en el conocimiento del caso podría acarrear consecuencias legales y disciplinarias. En respuesta, el Ministerio Público, a través del fiscal Alfredo Melgar, confirmó que se inició una investigación para determinar la naturaleza penal de las acciones del juez y verificar los documentos incautados por la Policía. Melgar destacó que no existía fundamento legal para que la autoridad judicial haya admitido el recurso en su jurisdicción.

El TSE denunció irregularidades en el proceso, entre ellas la notificación tardía de la demanda mediante WhatsApp sin plazos adecuados para la defensa, la inaplicación de la competencia territorial dado que los hechos ocurrieron en la sede del TSE, y la falta de legitimación activa, puesto que el amparo fue presentado por un ciudadano sin representación legal de la alianza en cuestión. Además, la admisión del recurso judicial puso en riesgo el principio de preclusión, fundamental para garantizar el desarrollo ordenado de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

Este incidente se enmarca en un contexto institucional donde, pocos días antes, diversas entidades judiciales y electorales firmaron un acuerdo interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral y evitar que acciones judiciales paralicen o reviertan etapas ya concluidas. El acuerdo enfatizó la importancia del principio de preclusión como mecanismo para limitar la judicialización excesiva del calendario electoral, especialmente en un escenario de creciente presentación de recursos constitucionales.

Cabe señalar que el juez Quiroga ya había estado involucrado en la admisión de recursos relacionados con la supervisión de congresos partidarios en otras regiones, decisiones que también generaron controversia y cuestionamientos sobre su actuación en el ámbito electoral. Este nuevo caso ha intensificado el debate sobre la competencia y límites de las autoridades judiciales en procesos electorales, subrayando la necesidad de coordinación entre los órganos involucrados para garantizar la transparencia y legalidad en los comicios